La presión que ejercen los burócratas siempre ha sido fuerte y, en la actual coyuntura por la que atravesamos los hondureños, el inmoderado gasto que representa el pago de sueldos y salarios a los funcionarios y empleados públicos, es una bofetada para el pueblo.
¿Acaso No es condenable que en la actual crisis se siga alimentando una burocracia estéril, ineficiente y con una existencia semejante a la de los parásitos?
En reiteradas oportunidades hemos hecho hincapié en que la pandemia ha desnudado nuestras calamidades. La pobreza se ha extendido de seis a ocho por cada diez personas y medio millón de hondureños están desocupados, aunque la empresa privada contabiliza un millón de desempleados o suspendidos.
El acceso a los servicios de educación y de salud es precario y, para colmo, No hay fondos para la entrega de su remuneración al personal que ha estado en la ofensiva contra la plaga apocalíptica covid-19.
Pero, sí hay fondos millonarios para entregarlos a manos llenas a más de 200 mil servidores gubernamentales haraganes, acomodados y de pobres resultados por gestión, en su gran mayoría.
Para este año fue aprobada una partida de 76 mil 800 millones de lempiras para el sostenimiento del aparato gubernamental y se ha proyectado que en 2022 dicha línea será de 87 mil millones de lempiras, con vistas a cumplir con el mismo cometido de nutrir la inoperante masa salarial, lo que supone un aumento de casi 11 mil millones de lempiras.
¡Qué derroche de los escasos fondos con los que cuenta nuestra hacienda en tiempos de severas limitaciones financieras!
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Uno de los compromisos asumidos por las autoridades de turno, como también han tenido por costumbre las anteriores administraciones, es la revisión de la partida de los gastos por servicios personales, en términos de hacer eficiente el engranaje estatal, volver racional el gasto público y poner en alineamiento un gobierno pequeño, unas finanzas en orden y un nuevo modelo de la gestión pública.
Al fin y al cabo, han sido puras propuestas mentirosas, compromisos falsos e intentos fallidos de aliviar el peso de la burocracia y de alcanzar el mínimo grado de diligencia en el servicio gubernamental.
En la etapa más aguda de la problemática hondureña, es inconcebible para las conveniencias de nación y un golpe bajo a la demanda de las mayorías desprotegidas, que la cuarta parte del Presupuesto se desperdicie en la entrega de sueldos y salarios.
Más condenable es que un grupúsculo de funcionarios reciban sumas ofensivas de entre 200 mil y 300 mil lempiras mensuales.
Somos un país empobrecido, estigmatizado por la corrupción y la impunidad; además, martirizado por un aparato gubernamental ocioso, compuesto por más de 200 mil burócratas, cuyo único mérito es el de haber hecho una carrera política o el de gozar del padrinazgo de personajes oportunistas del poder.
Estos vicios tendrían que llegar a su fin, más cuando nuestra economía está en decadencia y nuestra malla social está resquebrajada. Solo en los últimos diez años, se ha destinado una cifra estratosférica de 500 mil millones de lempiras para mantener la obesa empleomanía nuestra.
Los hondureños ya no podemos soportar la carga de los parásitos burócratas que por desgracia están enclavados en la administración pública.
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