La burocracia alimentada por el sectarismo es uno de los males crónicos de Honduras.
El plan de gastos y de ingresos para el período fiscal 2025 contempla un alza de 5,900 millones de lempiras respecto al año anterior. La masa salarial pasará de 98,000 millones a 104,000 millones.
En 2023, la partida para el pago de sueldos y salarios fue de 90,000 millones de lempiras para el sostenimiento del aparato gubernamental, unos 5,000 millones de lempiras por encima de la suma que fue destinada para ese mismo objetivo en 2022.
¿No son desastrosas las consecuencias de esta patología de las finanzas en un país empobrecido, con una economía postrada y sin capacidad de competencia; además, con unas finanzas en desbalance?
Justamente, una de las manifestaciones de que Honduras es un país se contradicciones es que, mientras el crecimiento de nuestra economía permanece estancado, no se pone pausa al derroche de recursos.
Es un bárbaro despilfarro del dinero público que es utilizado para engordar el aparato estatal y no para responder a las necesidades de seis de cada diez hondureños que viven en la pobreza y de cuatro de cada seis compatriotas que sobreviven en la miseria.
No podemos caminar por ese rumbo torcido. No es aceptable que sigamos alimentando una burocracia estéril e ineficiente que vive como parásitos, en detrimento de la gran mayoría de los hondureños que están olvidados a su suerte.
Una de las promesas de las autoridades de turno, como también lo fue en las administraciones precedentes, es la reducción de la partida de los gastos por servicios personales sobre la base de la racionalidad y del buen desempeño de las finanzas.
El compromiso de aligerar el peso de la burocracia y alcanzar el mínimo grado de eficiencia por parte de los servidores gubernamentales, ha resultado ser puras mentiras; intentos fallidos.
No deberíamos de darle aliento a una estructura gubernamental de tal tamaño, porque es un golpe bajo para las mayorías que demandan protección social y desarrollo económico.
Un país en rezago como el nuestro no puede destinar la cuarta parte del presupuesto en el pago de sueldos y salarios a una población ociosa de 200,000 empleados públicos, incluidos los funcionarios que ganan sumas ofensivas de entre 200 mil y 300 mil lempiras mensuales.
Los hondureños ya no podemos seguir cargando con una estructura de funcionarios y empleados públicos que si quiera tienen las competencias requeridas para los puestos que desempeñan, pero que -por desgracia- están incrustados en la improductiva administración pública de Honduras.
Todo debería de pasar por el funcionamiento de un gobierno pequeño que esté en concordancia con la disciplina fiscal, la buena gestión pública y un Estado de Derecho fortalecido.
