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A la misma conclusión llegan mayoritarios sectores de la sociedad civil y la Unidad Fiscal Especial contra las Redes de la Corrupción: Que no hay voluntad para combatir la corrupción y perseguir el delito.



Los casos de peso son archivados y las resoluciones emitidas por los jueces favorecen a los señalados de fraude, malversación de fondos y otros ilícitos, ha reiterado el fiscal Luis Javier Santos, titular de la UFERCO.



Ese juicio de valor es compartido por organismos de la sociedad civil que han reavivado su demanda para que el Código Penal, que entró en vigencia en junio de 2020, sea derogado o que se introduzcan reformas sustanciales, porque consideran que promueve la impunidad.



Como se sabe, el Congreso Nacional nombró una comisión encargada de reunirse con asociaciones de profesionales de las ciencias jurídicas y sociales y organizaciones de abogados defensores de la democracia.



Hasta el mes pasado, los diputados a quienes fue encomendada esa misión no habían llegado a algo concreto ni conocido el posible camino a seguir para anular el Código Penal o enmendar aquellas disposiciones que son calificadas como muy favorables a los corruptos y a elementos del crimen organizado.



Miembros del Consejo Nacional Anticorrupción, así como un segmento representativo de abogados y notarios, se pronunciaron en contra de la nueva normativa penal desde que fue elaborada y aprobada. ¿Qué pasó con la persecución del delito, se endureció o desfalleció?



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Estudiosos del derecho han resaltado, antes y ahora, que el Código Penal es un “escudo de impunidad”, porque –lejos de ser una herramienta para la impartición de justicia- reduce el castigo para los delitos contra la administración pública, narcotráfico, feminicidio, fraude, malversación de fondos y lavado de activos.



El Consejo Nacional Anticorrupción emitió, en su tiempo, un documento en el que concluye que el nuevo Código Penal contiene errores de forma e incorreciones de fondo que incentivan la impunidad.



Movimientos de la sociedad civil también denunciaron en su oportunidad que el Código Penal, en aplicación desde 2020, traería un retroceso en el combate a la corrupción.



¿Está el Código Penal lleno de trampas en la batalla contra la impunidad? ¿Vuelve ligeras las penas? Para quienes censuran el cuerpo legal en materia penal, este trato flexible abarca delitos de alto impacto como el lavado de activos, malversación de caudales y fraude, entre otros.



En la lucha a favor de la transparencia el Congreso Nacional aprobó los delitos de corrupción entre particulares y contra la seguridad social, así como nuevas formas de contrabando y defraudación fiscal, han aclarado los diputados de la legislación anterior.



También han destacado que es un instrumento que volvió más eficaz la persecución del delito, la aplicación de las leyes y la impartición de justicia.



De nuevo están planteadas sobre la mesa las discusiones sobre la conveniencia de revisar la normativa penal que fue puesta en vigor hace dos años y que se ha dado en llamar “Código de la Impunidad”.