El acceso a la justicia es un derecho que no puede ser limitado ni vulnerado, pero en nuestro país está en un proceso de disminución y de negación.
El conflicto en el Ministerio Público, a causa de las demandas de los empleados y fiscales, ha llegado a su expresión mayúscula y derivado en situaciones verdaderamente inhumanas; por lo mismo, despreciables e indignas.
Es condenable que, arropados en sus reclamos salariales, los fiscales y personal de diversas dependencias del Ministerio Púbico hayan abandonado tareas muy sensibles como las pericias que se desarrollan en la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Los días precedentes, la sociedad hondureña fue conmocionada por el caso de la joven Ana Hernández, cuyo cuerpo fue entregado a sus familiares recién el fin de semana, después de muchas horas de una dolorosa lucha librada para que se le practicara la autopsia, un proceso indispensable para producir la prueba científica que conduzca a esclarecer el hecho.
Este expediente quedará grabado como un episodio de falta de humanidad, de misericordia con los semejantes y de responsabilidad en el cumplimiento del mandato legal; también como un sórdido capítulo de la vida de un país donde no se hace justicia.
Ya van casi dos meses desde que estos funcionarios de la institución que ejerce la acción penal pública paralizaron sus labores para presionar por el desembolso de más de 580 millones de lempiras destinados a hacer efectivo el mejoramiento de sus ingresos.
No se ha encontrado una vía de solución; antes bien, se han agudizado los ataques entre grupos contrapuestos de servidores en el interior del Ministerio Público.
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La crisis en el Ministerio Público debe de ser resuelta con oportunidad, en correspondencia con los dictados de la justicia y con fundamento en la ley. Sigue llamando la atención que ni el fiscal general, Oscar Chinchilla, ni el adjunto, Daniel Sibrián, han salido a explicar cuál es la génesis del inconveniente y a quiénes hay que atribuir la culpa.
Hay quienes tienen la percepción que el movimiento de presión que llevan a cabo los fiscales y empleados de distintas áreas de la institución sobre la que recae la función acusadora, tiene un trasfondo político o es instrumentalizado por grupos de poder interesados en tomar el control del Ministerio Público.
Sean cuales fueren los motivos de este conflicto, lo que no puede ser tolerado nunca más es que la reivindicación de los beneficios y derechos sociales y económicos de un sector sea cobrada a la población en general, a costa de la recta aplicación de las leyes.
No somos una sociedad de caníbales donde unos y otros se despedazan para satisfacer sus intereses. Es imperioso que en Honduras prevalezcan "condiciones razonables” para el ejercicio de la acción penal pública, siempre en mérito del derecho inviolable a la justicia.
