La inseguridad alimentaria aguda seguirá deteriorándose en Honduras. Una verdadera emergencia en el aparato productivo hondureño y un declive agrícola de insospechadas consecuencias.
Antes de la pandemia, Honduras capitalizaba divisas anuales superiores a los mil millones de dólares a través de la producción y exportación de productos agrícolas no tradicionales, pero al cierre del primer semestre del 2023, las exportaciones agroindustriales experimentaron una baja de cinco por ciento, respecto al mismo período del 2022. Cifras e indicadores que son el fiel reflejo del abandono en el que todos los gobiernos de turno fueron sumiendo al campo hondureño.
Y en un país con programas y hojas de ruta institucionales cortoplacistas, nada podía ser diferente a este escenario de calamidad y vulnerabilidad en el que viven las más o menos 300 mil familias campesinas que se dedican a la siembra de subsistencia en sus pequeñas parcelas.
A pesar de que el sector agrícola representa el 14 por ciento del Producto Interno Bruto y de la posición de liderazgo en las exportaciones agroindustriales, el productor hondureño ha estado aquí a la “buena de Dios”, abandonado desde hace décadas atrás, y marginado de las políticas integrales de estado enfocadas en la producción agrícola no tradicional.
Sin apoyo estatal, por solo citar un ejemplo, los productores nacionales de cacao, están hoy entre los tres más grandes exportadores de la región, a la par de los más altos niveles de calidad y competitividad en los mercados más exigentes del mundo, pero porque asumieron todos los riesgos habidos y por haber.
Cuántas trabas no ha tenido que sortear aquí el productor nacional, sujeto prácticamente non grato para el sistema financiero, y sujeto de segunda categoría para el sistema crediticio oficial.
¿Cuánto no estaría el sector productivo hondureño capitalizando si los gobiernos de turno, incluido el actual, hubiesen apostado a políticas públicas integrales y sostenibles para potenciar y desarrollar el agro nacional? A lo que el productor local aspira es que hacia adelante se incentiven las actividades agrícolas, que ya no se siga conspirando contra el agricultor nacional, y que por fin se midan los efectos económicos y sociales que eso ha heredado. Casi tres millones de hondureños están en situación de vulnerabilidad alimentaria y la tercer parte de la población hondureña enfrentará las peores condiciones alimentarias en décadas.
Un panorama que no podría ser más desalentador en la medida que el estado como tal no pueda o no le interese a través de la institucionalidad creada, levantar los soportes de una estructura de políticas públicas que trasciendan los gobiernos de turno y las estrategias coyunturales “apagafuegos”, que no han hecho más que empeorar las condiciones de vida y subsistencia de las más de 300 mil familias campesinas que producen los alimentos que nos comemos.
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