Vigilantes y porteros con salarios que oscilan entre los 30 mil y 60 mil lempiras, de acuerdo con informes de organizaciones de sociedad civil; y profesores cuyo rango salarial varía, según su nivel académico, entre los 11 mil y 18 mil lempiras, solo refleja las profundas e incomprensibles contradicciones de nuestro sistema educativo público.
La ONG ASJ reveló ayer en un informe que, mientras la planilla de empleados administrativos en la Secretaría de Educación aumentó en cuatro mil 191 personas en los últimos tres años, la escuela pública hondureña enfrenta un déficit docente de 9 mil y hasta 18 mil profesores; al tiempo que, con un presupuesto que en el 2025 rondó los 42 mil 755 millones de lempiras, el Gobierno anterior apenas pudo incorporar al sistema educativo la pírrica cantidad de dos mil 300 maestros.
Algo no se sigue haciendo bien en la educación nacional y los indicadores educativos, entonces; y la población estudiantil, en todos los niveles, continúan pagando las nefastas consecuencias.
Tenemos un sistema educativo 'patas arriba', es decir, con las prioridades básicas al revés. Se prefiere contratar, con jugosos salarios, a dos directores administradores para un departamento del país y no incorporar a más profesores para eliminar las casi cuatro mil escuelas unidocentes que hasta el 2025 teníamos en el sistema educativo.
Es inaceptable que con semejante presupuesto, 46 mil 460 millones aprobados para el año lectivo 2026, y con más de 20 mil maestros desempleados y buscando desesperadamente una oportunidad laboral en el sistema educativo público, existan en Honduras unos siete mil 900 docentes en la modalidad multigrado.
Las tasas de deserción y abandono escolar, de reprobación y de repitencia estudiantil tienen entonces una causal que lo explica todo: la ineficiente distribución y ejecución del presupuesto público en Educación que ha terminado impactando en todos los alarmantes indicadores negativos.
Eso es lo que explica todo. Ahí está el quiz del rezago casi perpetuo de la educación pública de Honduras, inequitativa, marginal, y menos, pertinente. La ejecución del Presupuesto fue revertida en gasto, en lugar de convertirse en el motor fundamental y eficiente de la gestión y desarrollo del sistema educativo.
Que más de 20 mil estudiantes hayan desertado este año sin haber concluido aún el período lectivo 2026 nos obliga como país a sentar las bases de una reestructuración urgente, pero planificada.
Esta nefasta realidad que compromete el futuro de nuestras generaciones próximas debe orillar a la institucionalidad de turno y al Estado como tal a diseñar una estrategia que reconvierta el gasto y la dilapidación infecunda del Presupuesto en inversión para el desarrollo.
La niñez y la juventud hondureña no deben ni pueden seguir pagando las consecuencias reflejadas en las graves deficiencias en las competencias básicas en lectura, en matemáticas, en español, en las mismas condiciones de aprendizaje que, según el acceso universal a la educación de calidad, todos y todas deben tener.
Transformar esas condiciones de desigualdad y marginación y revertir los indicadores educativos negativos es lo que urge. Cualquier otro discurso, será seguir 'gastando pólvora en zopilotes'.
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