A la luz de los hechos presentados en más de una década, una verdad indiscutible es que la depuración de la Policía Nacional no ha sido completada. Quizá sea un proceso que todavía esté lejos de ser alcanzado o talvez es “fallido”.

No deja de ser vergonzoso el expediente de tres agentes de la División Antiextorsión y Terrorismo (DAET), que son investigados por tenencia de droga que debía ser entregada a la Fiscalía en calidad de evidencia.

Las propias autoridades de Seguridad han reconocido que la Policía Nacional está expuesta a los riesgos de contaminación, por cuanto no se puede aspirar a que sea “químicamente pura”.

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El tema del adecentamiento de la entidad del orden y de la seguridad, ha sido uno de los más espinosos de cuantos se hayan planteado en más de una década.

En el período entre 2012 y 2014, la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial removió de sus funciones a más de mil elementos, apenas la tercera parte de los que habían reprobado las pruebas de confianza.

Y en el lapso 2018-2022, fueron sancionados más de 10,000 agentes; de estos casos, 4,500 terminaron en la cancelación o suspensión de los efectivos cuestionados por su falta de idoneidad.

Está claro que la tarea de adecentamiento de la Policía Nacional no es fácil. Como lo han afirmado algunos sectores de la sociedad civil, dentro de dicha entidad todavía hay elementos que no necesariamente están comprometidos con su misión y que, por el contrario, se les ha vinculados con redes delictivas.

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Es oportuno analizar los factores y circunstancias, por las que la tarea de adecentamiento de la institución se ha dado por “inconclusa” y “reprobada”.

El fortalecimiento de la Policía Nacional y el empoderamiento de todos los operadores de la justicia son asuntos vertebrales para doblegar a los violentos y garantizar la seguridad pública.

En esta materia todavía estamos en un punto muerto, sencillamente porque la limpieza de la Policía se quedó gravitando alrededor de iniciativas aisladas que todavía no están insertadas en una estrategia integral de seguridad y de combate contra la violencia criminal.

Los hondureños seguimos a la espera de que la Policía se convierta en una institución de honor y de protección, integrada por elementos honestos, probos y entregados al combate a la delincuencia y al servicio de la población.

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Le tomamos la palabra a la cúpula de la entidad que tiene la misión de “servir y proteger”, en el sentido que no hay tregua y que la guerra está declarada a los criminales.

Sin duda, esta sentencia debe ir acompañada de un ejercicio no mediatizado de la acción penal pública y de una impartición no condicionada de la justicia.