La nueva administración acusó a los últimos gobiernos nacionalistas de haber sacado de las arcas públicas unos 168 mil millones de lempiras; de haber sustraído sólo en el último mes de la gestión anterior, 400 millones para dárselos en bonificación a altos funcionarios.
La fiscalía investiga el supuesto saqueo de 236 millones del Pani para financiar la merienda escolar mientras los centros educativos estaban cerrados por la pandemia, y la extraña justicia hondureña acaba de “premiar” a través de una amnistía amplia y mal aplicada, con la primera de cinco cartas de libertad a un encumbrado funcionario del período de Manuel Zelaya, acusado de haber sacado en carretilla, 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central.
Y los casos y los ejemplos, como esos, están ahí por cientos y quizás hasta por miles, sin que seamos exagerados. Tantos y tan monumentales como el tamaño de los niveles e indicadores de corrupción, impunidad y opacidad que han llegado a crecer en Honduras.
Tantos y tan grandes como los costos que la corrupción y la impunidad infligen a los hondureños. Tantos y tan graves que han llegado a minar nuestro crecimiento económico, a desalentar la inversión nacional y extranjera, a debilitar nuestra seguridad ciudadana, a destruir la confianza pública, y lo peor, a empobrecer más a la población hondureña.
Por eso decimos que la corrupción y la impunidad, como la falta de transparencia y la contracultura de rendir cuentas, nos ha infligido a los hondureños unos costos demoledores, devastadores, aterradores.
Porque no solo es que ha impactado en el crecimiento económico del país y en nuestra confianza en el estado de derecho, sino que además resquebrajó el tejido social a tal extremo que ha privado a los hondureños de la oportunidad de tener una vida mejor, y sobre todo, digna.
Es cuando decimos que la corrupción además de vulnerar los derechos humanos del pueblo, de corroer las instituciones democráticas, agudizó en el país la pobreza y le minó el bienestar a siete de cada diez ciudadanos hondureños.
Y esa corrupción galopante y dañina, muy a nuestro pesar, ha encontrado su caldo de cultivo en una impunidad rampante, arraigada a la vez por una estructura institucional y un marco legal débil y complaciente, que le dio la espalda a los conceptos de transparencia, rendición de cuentas y probidad administrativa.
De allí que escándalos de corrupción como el de los hospitales móviles, el del Seguro Social, el gasolinazo el carretillazo, o los que ahora está destapando el nuevo gobierno, sean y hayan sido siempre moneda de curso corriente en Honduras.
Y hay que decir también y reconocer, que el país, lamentablemente, y no sólo nuestra estructura institucional, apenas avanzó en la construcción de los mecanismos de fiscalización, transparencia, rendición de cuentas, contención de la corrupción y erradicación de la impunidad.
La corrupción erosionó el entramado social, debilitó la institucionalidad democrática, empeoró la ineficacia de las políticas públicas, provocó altísimos costos económicos, y prácticamente subyugó los retos y las intenciones que como sociedad pudimos en su momento haber enarbolado para combatirla y minarla.
O será que a lo mejor nunca terminamos de dimensionar o creer que las democracias y la legitimidad de las estructuras institucionales cimentan su prosperidad sobre la base del respeto al Estado de Derecho, la instauración de gobiernos transparentes, que rindan cuentas, y que no lleguen al poder para que al siguiente día se pongan a repartir como en el “conquien”, cartas de libertad a individuos y ex funcionarios mañosos que en su momento también metieron sus manos y uñas en las sagradas arcas del estado.
Esa es la impunidad que no ha permitido en Honduras enfrentar ese monstruo de mil cabezas que es la corrupción. La opacidad institucional que aquí le importa un bledo los principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas, probidad administrativa, y además, eficacia y contundencia en la aplicación de la ley.
Es lo que hay y lo que tenemos. Como dijo un embajador estadounidense en Honduras: la falta de justicia que es una injusticia para todos!.
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