Luego de conocer el informe sobre las finanzas hondureñas, no podemos menos que reaccionar "estupefactos". Las arcas han sido "saqueadas" y no hay fondos para hacerle frente a los principales compromisos.
La salida que se ha planteado es la de obtener un nuevo endeudamiento por alrededor de 2,600 millones de dólares (más de 64,000 millones de lempiras), que permitan salir a flote medianamente. No podemos aspirar a un ordenamiento de las finanzas de manera inmediata sin antes pasar por un proceso doloroso de ajuste.
Tenemos un Presupuesto de la República falso, elaborado sobre un monto de 308,000 millones de lempiras y con prioridades dirigidas hacia programas y proyectos que no tienen financiamiento cierto.
De conformidad con lo que se ha informado a la nación, el déficit del plan de ingresos y gastos es del 35 por ciento sin contar la deuda histórica y flotante de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
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En esta misma línea de acciones "retorcidas" e "ilegales", fueron entregados cerca de 7,000 millones de lempiras a programas y proveedores beneficiados por puras razones políticas, a la vez que se hizo un "festín" con los fideicomisos.
Por si esto fuera poco, en enero fueron sustraídos de la Tesorería General de la República 400 millones para provecho de unos 60 altos funcionarios, en tanto que el déficit entre ingresos y gastos para los siguientes meses se estima entre siete mil y 30,000 millones de lempiras.
En 12 años, se desvió la bicoca168,000 millones a través de lo que se ha dado en llamar una "red de corrupción" que saqueó el erario, dejó un saldo flotante de 12,000 millones y endeudó más a Honduras.
Con todo y que los responsable de haber manejado las finanzas en la gestión precedente le han restado validez a las denuncias respecto al latrocinio de los fondos públicos, las cuentas rendidas a los hondureños por parte de las nuevas autoridades no deben quedar en un "borrón" o en "puro cuento".
Los culpables del desastre financiero tendrían que ser requeridos para que den explicaciones de sus actos cometidos al margen de la ley, y ser enjuiciados en nombre de la justicia que reclama el pueblo.
En Honduras necesitamos sentar un precedente contra los funcionarios abusivos que en el pasado tomaron ventaja de sus cargos para apropiarse de los fondos del Estado. ¿Dónde están esos dineros, en cuentas privadas en el país y en el extranjero?
Que las acciones que sean tomadas para que todo este drama no termine en un "simple escándalo" o en un "singular pretexto político del que luego echen mano quienes ahora están en el poder", sirvan de advertencia a los que pretendan seguir "malos pasos" en el actual y en los próximos ejercicios gubernamentales.
El saqueo de las finanzas hondureñas no es un simple "pecado de corrupción", sino "un crimen contra el pueblo" que no puede quedar en la impunidad; ni ahora, ni en la posteridad.
