Mucho se ha criticado que, a pesar de las maltrechas finanzas hondureñas, un sector privilegiado de funcionarios y empleados se repartan los sueldos más jugosos.
Los críticos de la realidad hondureña sostienen que el desfase entre los ingresos y los gastos es un tema sobre el que hay que actuar y no limitarlo a puros "escándalos" y "discursos" o "denuncias".
El Presupuesto de 2022 contempla más de 86,000 millones de lempiras para el pago de sueldos y salarios, pero la entrega de cantidades arriba de los cien mil lempiras mensuales a ciertos empleados del sector público es lo que genera una desaprobación general.
Se trata de ciertos burócratas que se quedan con elevadas sumas por las funciones que desempeñan en la esfera estatal, en contraste con la situación que atraviesan nueve de cada diez personas con problemas laborales o la espinosa vida que lleva el 70 por ciento de hondureños en la pobreza.
Varias propuestas han sido presentadas en el Congreso Nacional, encaminadas a disminuir el sueldo de los diputados propietarios y suplentes.
Una de tales mociones está dirigida a reducir tales remuneraciones en un 20 por ciento, con lo que se obtendría un ahorro de 60 millones de lempiras anuales.
Otra propuesta es la que plantea bajar el número de congresistas, con lo cual se espera que descienda el volumen de gastos en tiempos de crisis.
Y un tercer planteamiento persigue que todos los diputados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los funcionarios que devengan arriba de 60,000 lempiras, reciban sus remuneraciones mensuales recortadas en un 50 ó 60 por ciento.
¿Cómo es que no hay ambiente para reducir el sueldo de los diputados, pero sí existen intenciones para imponer "paquetazos" que golpean a la población?
Diputados en el poder se han mostrado en desacuerdo con una disminución en el sueldo de los legisladores si este ajuste va más allá del 10 ó 15 por ciento. Textualmente han señalado: "No valdría la pena sesionar".
A juicio de tales legisladores, disminuir los salarios de los diputados es "llamar a la corrupción". Lo que se debe hacer es revisar los ingresos exorbitantes que son asignados sin méritos a algunos funcionarios de alto rango en instituciones como el Banco Central y BANPROVI o Invest.
El modelo de contratación de empleados y funcionarios en el sector público se basa en el clientelismo político y no en los méritos, consideran miembros de organismos de la sociedad civil.
Honduras necesita respuestas para ponerle un límite a la alta burocracia, con el fin de reducir el gasto corriente, dado que los cargos de jerarquía con exorbitantes salarios son nombrados sin méritos y no de conformidad con la capacidad presupuestaria del país.
Este reclamo está dirigido a que se lleve a cabo la revisión de una política salarial del Estado que esté sostenida en los criterios de mérito, competencias, equilibrio y justicia.
Según el parecer de miembros de la empresa privada y de la industria, es más importante reducir el personal supernumerario que disminuir los salarios exorbitantes que reciben altos funcionarios. Más gastos en tiempos de crisis conducirá a que las finanzas del país sigan hundiéndose y con ello empobreciendo a niveles indignos al pueblo hondureño.
