Es infame la misión de defender lo que no tiene excusa. Los funcionarios que están comisionados para el manejo del tema de seguridad realizan esfuerzos tendientes a desestimar las cifras que indican que los homicidios han crecido en un 13 por ciento.

La inseguridad en todas sus manifestaciones se ha desbordado, de tal manera que 2021 cerrará con una tasa de homicidios de al menos 40 por cada cien mil personas, una incidencia promedio de 12 crímenes diarios, según los registros oficiales. Pero esa proporción puede ser mucho más alta.

Las autoridades de Seguridad y Defensa tienen una visión muy corta o demasiado apegada al discurso fabricado que declara que Honduras es el único país que ha logrado reducir la criminalidad desde 86 a menos de 40 eventos por cada cien mil habitantes.

En fidelidad a la causa del gobierno, los cargos altos e intermedios nos han pedido que "No olvidemos de dónde venimos" y declarado que "los hondureños debemos sentirnos orgullosos de haber disminuido la tasa de criminalidad y de no estar entre los países más violentos del orbe".

El asunto concreto es que la delincuencia y la criminalidad organizada en todas sus modalidades se ha recrudecido. Sus organizaciones han vuelto a encontrar espacios libres para sus intervenciones.

Los propios registros de la Policía indican que de enero al 26 de junio de este año, han ocurrido más de 1,800 muertes violentas, en contraste con 1,580 sucesos que se habían perpetrado a este tiempo en 2020. La razón ha pasado de 10 homicidios diarios en mayo, a 12 cada 24 horas en junio.

A todas luces, la estrategia contra la inseguridad se ha desviado y ha sufrido un debilitamiento notable que podría llevar a la pérdida de control sobre los movimientos de las organizaciones ilícitas.

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Lo que sucede en el terreno de la realidad, donde crece la inseguridad, no es correspondiente con los fondos que han sido recaudados por El Tasón, justo para la finalidad de truncarle el paso tanto a los delincuentes de poca monta, como a los criminales de alta laya.

En diez años, el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional ha captado una cifra que ronda los 20,000 millones de lempiras, lo que se expresa en una media de  2,000 millones anuales.

Los resultados en el combate a las asociaciones dedicadas a la comisión de delitos de toda naturaleza son pobres, modestos e inexplicables, porque son sumas estratosféricas las que han sido ingresadas y que, presuntamente, se han dirigido a garantizar la seguridad pública.

No obstante, lo que enfrentamos es "un brote" crudo de la violencia. Se han recaudado miles de millones de lempiras, pero a costa de reducir la asignación de recursos para los renglones esenciales de la salud y la educación.

Hay que darle un cambio a la estrategia en materia de seguridad y empeñar un esfuerzo combinado de las instituciones estatales y de la sociedad, sobre la base de acciones transparentes y planificadas, no fundamentadas en cifras ilusorias construidas para los fines populistas de presentarnos un panorama favorable en lo que concierne a la guerra contra la criminalidad.

El vivo deseo de los hondureños es que los compromisos para  derribar las estructuras delictivas y criminales tengan resultados verdaderos y que no queden convertidos en demagogia, menos aún porque nuestras autoridades han echado mano de cantidades estratosféricas para garantizar la seguridad pública de los hondureños, sin resultados contundentes.

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