Dos puntos llaman la atención. El primero es que el presupuesto entró en ejecución antes de ser aprobado y, el segundo, se refiere a la modificación que sufrió el instrumento fiscal al ser incrementado desde 407,000 millones de lempiras hasta 412,000 millones.
Un presupuesto de esa magnitud sólo lleva al país a un mayor endeudamiento. Para este año está previsto que 66,000 millones sean destinados al pago del servicio de la deuda pública.
Nos hemos endeudado demasiado, porque los presupuestos han sido elaborados con criterios invertidos; es decir, que no son correspondientes con prioridades nacionales.
Hemos arrastrado los grilletes de la deuda. Le hemos quitado recursos a otras áreas realmente vitales para nuestro desarrollo como son la educación, la salud y la inversión pública para obras de desarrollo social.
Nuestros recursos han sido distribuidos de manera inequitativa. Mientras el pago de la deuda pública absorbe cuatro de cada diez lempiras, el sector educación recibirá 40,000 millones, un aumento de seis por ciento; y el sector salud tiene asignados 29,000 millones, un alza de apenas dos mil millones.
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Y en lo que respecta a la disponibilidad de fondos estatales para la ejecución de proyectos productivos, este monto ha ido en descenso. Nos apoyamos en cifras oficiales para referirnos a este punto: En 2013 la inversión pública ejecutada fue de 17,000 millones de lempiras; en 2014 bajó a 12,500 millones de lempiras; y en 2015 la cifra fue de alrededor de ocho mil millones.
En 2016 se introdujo un incremento más o menos sustancial en la asignación a materias prioritarias y en los años posteriores, la inversión pública no ha sido suficiente para producir giro hacia el progreso de Honduras y un alivio en las condiciones socioeconómicas de la población.
Si no es potenciada la inversión pública, Honduras no podrá salir de su zona de estancamiento; tampoco tendrá opciones para el alivio de la pobreza, generación de empleo, llegada de capital extranjero, ni herramientas que hagan posible enfrentar los embates externos que amenazan la economía local.
Aparte de una anémica inversión pública, el endeudamiento sigue representando una asfixiante carga que roza el 50 por ciento del Producto Interno Bruto, por lo que es urgente practicar una auditoría forense a esta obligación financiera.
En esta misma línea de razonamiento, sabemos que la única herramienta con que contamos para reorientar nuestros recursos es el Presupuesto General de la República, en razón de lo cual necesitamos convertirlo en un instrumento que nos lleve a planificar nuestro desarrollo equilibrado y sostenido.
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