No dan pausa los funcionarios del Gobierno en su intención de hacernos creer que en Honduras se ha llevado adelante una política de endeudamiento "mesurada" y "muy responsable" para atender la emergencia humanitaria y sanitaria de nuestro país.
Los informes de la Secretaría de Finanzas apuntan que 2020 concluyó con un endeudamiento de 14,300 millones de dólares y que, en el primer trimestre de 2021, ese monto rebasa los 14,600 millones.
Es una relación de números muy trabajados los que nos ofrecen las autoridades; esto es, cifras interpretadas a conveniencia del discurso que plantea un manejo disciplinado de las finanzas y de los principales indicadores macroeconómicos en que se basa la calificación crediticia internacional de Honduras.
Porque los balances de economistas independientes y de organismos de la sociedad civil ponen al descubierto que los compromisos contraídos ya alcanzan los 16,000 millones de dólares, una cifra que nos muestra la espiral del endeudamiento de Honduras.
En la última década, los préstamos gestionados en condiciones muy desfavorables para nuestras finanzas, han tenido un incremento de 11,000 millones de dólares.
El peso de la deuda sobre el Presupuesto de la República es verdaderamente "agobiante", en tal medida que la cuarta parte del plan de ingresos de la Administración Central se destina al pago de capital e intereses de los montos contratados.
Cada uno de los hondureños estamos endeudados en 2,000 dólares por culpa de una mala gestión de las finanzas, con el agravante que los dineros gestionados han sido orientados al pago de sueldos y salarios y otros renglones de gasto corriente, menos para beneficio de la población en sus más ingentes demandas.
Nuestra deuda constituye no menos del 59 por ciento del Producto Interno Bruto, un motivo de alarma puesto que tales recursos han servido nada más para sostener un aparato gubernamental ineficiente y voraz.
Es indiscutible que los fondos contratados por Honduras, han sido manejados sin transparencia, sin planificación y al margen de los niveles de prudencia financiera y de racionalidad de los gastos, en detrimento de las prioridades de las mayorías postergadas.
Por puro cálculo, personeros de alta responsabilidad de la Administración Pública han desestimado que el próximo Gobierno se encuentre ante el apremio de realizar un nuevo ajuste, con el fin de enderezar las finanzas hondureñas que tambalean.
Lo cierto es que los funcionarios que estén a cargo de la administración del país en el período 2022-2026, deberán ejecutar una herramienta de política económica que permita poner a tono las cuentas del país, tanto en su vertiente de gastos, como en su fuente de ingresos.
No es posible seguir alimentando la “vorágine de endeudamiento” en que ha caído Honduras. En la mesa está pendiente retomar el tema de la responsabilidad fiscal y del crecimiento económico y social sostenido y equitativo del país.
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