Una encrucijada enfrentará el nuevo Gobierno en un escenario que algunos relacionan con un estado de "quiebra" del país por la presión que ejercen la deuda pública, la creciente pobreza, la burocracia y las demandas sociales, cada vez más difíciles de cumplir.

Volver a perfilar la deuda pública, readecuar el Presupuesto de la República y reorientar la inversión social, es la fórmula que han  anunciado quienes se harán cargo de la administración del Estado a partir del 27 de este mes. Es un enorme reto que requiere de decisiones firmes.

Nuestro país está en la hondonada por los préstamos adquiridos y de los cuales habíamos comenzado a salir hace algunas décadas, cuando se nos condonó parte de los compromisos por nuestra calidad de nación pobre altamente endeudada.

Honduras fue beneficiada con la condonación de 40,000 millones de lempiras que, a estas alturas, nadie sabe cómo se invirtieron ni cuál fue su destino. ¿Cayeron en saco roto? Los indicadores de subdesarrollo no se redujeron; por el contrario, tenemos más pobres y con grados de endeudamiento superiores a los tolerados.

Otra vez estamos sumidos en la depresión financiera y casi sin reservas de oxígeno para sanear empujar el desarrollo económico a través de la habilitación de más puestos de trabajo, de una buena dinámica de producción de bienes, mejor recaudación y eficientes niveles de inversión.

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Y en 40 años que han pasado desde que regresamos a la institucionalidad, los distintos gobiernos, incluido el que está por entregar, fracasaron en hacer lo que les compete conforme al mandato del pueblo.

Nuestra posición sigue siendo crítica, a contrapelo de lo que se afirme en el sector oficial respecto a que el grado de endeudamiento, déficit fiscal, pobre capacidad de recaudación e insuficiencia en la inversión son manejables y que todavía no hemos llegado a una situación de ingobernabilidad fiscal.

No se han tomado las suficientes ni oportunas medidas para contener el crecimiento del gasto, especialmente en el renglón de sueldos y salarios que para este año se ha calculado en 85,000 ó 90,000 millones de lempiras.

Si en las naciones desarrolladas, el peso de la burocracia se traduce en más o menos 30 por ciento del Producto Interno Bruto, resulta difícil de asimilar por qué en Honduras el sostenimiento de un Gobierno crecido en extremo consume casi el 50 por ciento del PIB.

En suma, los hondureños tenemos una economía con limitada capacidad de competencia y con reducidas posibilidades de generar riqueza; pero, en cambio, llevamos a cuestas un aparato burocrático ineficiente y encima abultado.

Si a esta circunstancia añadimos el vicio en que hemos caído de contratar más y más préstamos, el resultado son unas finanzas en bancarrota.

Hay que volver a tomar el control sobre nuestro estado financiero, lo que necesariamente pasa por la utilización racional de nuestros recursos y por una planificación de desarrollo, con visión de largo plazo.