La historia se ha repetido. Las arcas han quedado vacías, un hecho que ha sido tildado como “inconcebible”.
La Caja Única del Tesoro ha sufrido un golpe demoledor. Son casi cuatro mil millones de lempiras los que han sido debitados para cubrir las demandas presentadas contra el Estado, en virtud de resoluciones tomadas de mala fe por funcionarios, en complicidad con jueces y abogados.
La cuestión es: ¿De dónde saldrán esos fondos que fueron drenados del fisco? ¿Va a gestionar el Gobierno nuevos endeudamientos? ¿Es suficiente con la propuesta para empequeñecer el aparato estatal para obtener un ahorro proyectado en 7,500 millones de lempiras anuales y con el recorte de 39,000 millones en el Presupuesto?
Cualesquiera que sean las disposiciones adoptadas para fortalecer las finanzas, el costo será alto y las consecuencias serán severas, particularmente para la mayoría de la población en vulnerabilidad.
En este escenario, se ha planteado como metas mínimas un crecimiento económico de cuatro por ciento, un déficit fiscal que no sobrepase el dos por ciento y la atracción de una inversión de 4,200 millones de dólares para la creación de 70,000 empleos anuales.
Entre los expertos en finanzas, se impone el criterio que el apremiante estado de las finanzas debería de obligar a quienes conducen los destinos del país a reestructurar una política de desarrollo económico y de disciplina fiscal.
Es notorio el esfuerzo que hace el Gobierno por plantar entre los hondureños la idea de que, si bien la situación es crítica, el país no está en emergencia fiscal, mucho menos ha tocado fondo.
Desde el Poder Ejecutivo nos han dicho que “este no es tiempo de mirar atrás, sino de construir una Honduras de esperanza y de oportunidades; de cambiar la historia del país”.
Ciertamente, las finanzas están maltrechas porque siempre han sido manejadas de manera caótica y con fines politiqueros, mas nunca con responsabilidad ni apego a las metas de disciplina fiscal.
Reflejo de este desbalance es que la deuda pública roza actualmente los 18,000 millones de dólares, las cuentas flotantes son mayores a los 24,000 millones de lempiras y la Caja Única fue vaciada para atender centenares de las demandas laborales.
Las autoridades gubernamentales deben explicarnos cómo se va a revertir ese comportamiento para salir de esta calle sin retorno, cómo serán saneadas las finanzas y de qué manera tienen que ser gestionados los recursos que no ajustan para la sobrevivencia de seis de cada diez hondureños que son pobres.
Hay una deuda que está pendiente de ser saldada: imponer un riguroso control sobre el gasto público.
Para ese fin, hay que enderezar la asignación de fondos que ha sido errática y desordenada, definir los criterios de los gastos y mejorar la capacidad para establecer las políticas públicas correctas.
