La crisis de legitimidad que arrastra el modelo de organización política que tenemos nos ha hecho pagar, como sociedad, un precio muy alto.
El concepto de democracia y su concreción constitucional, que es el Estado de derecho, también ha tenido que pagar su precio, erosionado por la desconfianza social y ciudadana que derivó en una de las crisis de legitimidad y gobernanza más profundas.
La institucionalidad constituida pero debilitada y erosionada por los pactos de conveniencia y las cuotas de poder político dejó de ser entonces una 'carta de garantía' para la rendición de cuentas y la transparencia, los pilares y factores que le otorgan legitimidad al modelo de organización política que hemos tenido.
Mientras la nueva institucionalidad y la clase política, que a partir del 27 de enero la rectora, trabaja sobre la marcha en los planes de desarrollo y de reactivación económica, tendrá todavía una tarea quizás más urgente y pendiente. Instaurar de nuevo la legitimidad como el capital indispensable para la gobernanza en estos tiempos de profunda crisis.
Ningún plan de desarrollo, por más desafiante que sea de cumplir, se concretará si antes no se tiene claro que la restauración de la legitimidad y la buena gobernanza que dé ella deriva, es el punto de partida.
Y aquí, en medio de estos tiempos difíciles, a la administración del Partido Nacional, con el presidente Asfura a la cabeza, se le presenta la oportunidad histórica de marcar un punto de inflexión, un antes y un después, en medio de esta aspiración irreprimible de saber lo que es tener un buen gobierno.
Pero la legitimidad y la buena gobernanza solo son posibles cuando se está en sintonía con la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando emana del testimonio y del compromiso en favor del bien común. Asfura parece que lo tiene claro y así se lo debe transmitir a sus colaboradores. La forma como se ha actuado, con secretismo y sin contraste público, no va a sacar a la clase política, incluida la gobernante, de ese estado de desconfianza social y recelo.
De todas maneras, nuestra clase política no tiene ya un solo espacio para seguir cometiendo los mismos errores.
Un compromiso institucional sostenido con la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en el funcionamiento interno, es lo que hará posible el buen gobierno.
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