No cabe duda que los políticos se han convertido acérrimos en enemigos de la educación.

Cada vez estamos más convencidos de ello. Nos remitimos a las pruebas: hace apenas unos días, el diputado de Libre, Edgardo Castro, se ha referido a su correligionario y ministro de Educación, Daniel Esponda, en términos bastante crudos.

No ha escatimado el congresista en calificativos hacia el secretario de Estado a quien le ha dicho "delincuente" y, de paso, le ha acusado de haber dividido al magisterio y asaltado las Direcciones Departamentales de Educación.

No es la primera vez que el ministro Esponda es objeto de imputaciones de tal calibre. Nos remontamos a diciembre del año pasado, cuando dirigentes magisteriales que participaban en un congreso del COLPROSUMAH le gritaron: "corrupto, odiado y mentiroso", una áspera respuesta al insólito anuncio de que no se otorgaría este año el aumento salarial que había sido comprometido a favor de los docentes.

Son confrontaciones de elevado y vergonzoso tono, cuyos principales actores son políticos que quieren mantener a tope el sectarismo y manejar a su antojo la masa de activistas, con un saldo nefasto para el sistema educativo público.

Metido en el centro de la tormenta, el ministro Esponda, que se ha hecho acompañar de una facción de dirigentes magisteriales, no ha tenido un desempeño que esté de acuerdo con la finalidad de transformar el sistema educativo de Honduras. No ha cumplido con lo que proclamaba durante el mandato de Juan Orlando Hernández.

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En ese entonces, era un implacable crítico de las autoridades de turno y se presentaba como un conocedor a fondo de las causas de la debacle de la educación hondureña.

Ahora que los papeles están invertidos, el ministro de Educación no ha podido enfrentar la crisis marcada por una feroz pugna con los maestros, una creciente inconformidad de los padres de familia y un insanable desacuerdo con los políticos de su mismo partido.

Ha pasado un año y tres meses desde la inauguración del Gobierno de la presidente Xiomara Castro; sin embargo, el compromiso de impulsar la reforma educativa parece haber sido enterrado.

El sistema educativo está hundido en la mediocridad y en la ingobernabilidad y no precisamente por una conspiración armada por fuerzas extrañas para desestabilizar el Gobierno como afirman la presidente Castro y sus colaboradores.

Los docentes exigen su nombramiento en plazas permanentes, los padres de familia reclaman porque la infraestructura escolar está en ruinas y porque 25 de cada cien centros de enseñanza no tienen maestros nombrados.

La calidad está en su nivel más bajo, 150 mil menores desertaron en 2022 y un millón 100,000 alumnos están excluidos. Estos datos son suficientes para concluir que el oscurantismo, no la luz del conocimiento, es lo que se impone. La educación está “bajo ataque de los políticos”, una desgracia para un país, como el nuestro, que va a la deriva.

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