Un informe del Banco Mundial, al que en un comentario anterior hacíamos alusión, resalta que un mayor nivel educativo se traduce, generalmente, en empleos de mejor calidad, mayores ingresos y un crecimiento económico sostenible. Además, el capital humano que combina educación y salud tiene un ingreso per cápita mayor, mientras sus ingresos futuros se sitúan por encima de lo que llegarán a percibir los que en esos dos factores están a la zaga.
La educación es y será siempre, aún en los países como el nuestro, en dónde el compadrazgo político partidista pareciera privilegiar las oportunidades, un pilar determinante para mejorar la calidad de vida y garantizar el bienestar general y el crecimiento económico.
Y a pesar de estas coyunturas, tan 'especiales' que diferencian a las sociedades desarrolladas de las subdesarrolladas, la educación postsecundaria seguirá constituyendo un eje clave para la inclusión laboral y el aumento de la productividad. Está estrechamente asociada con las oportunidades para acceder a mejores condiciones sociales y económicas, y en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Que Honduras haya cerrado el último año con el Índice de Desarrollo Humano más bajo de Centroamérica no es circunstancial ni casual. Es el resultado de no haber apostado a la formación de su capital humano a través de una educación de calidad, pertinente y acorde a los cambios tecnológicos que la preparación global ha venido exigiendo.
Estamos también a la cola en la región en el indicador de cobertura educativa, y con una de las brechas más ensanchadas en oportunidades de acceso a un trabajo decente para miles de jóvenes que anualmente gradúan las universidades públicas y privadas.
De más está decir que lejos seguimos también de los objetivos globales como país, de apostar a estos que son, además, de derechos inalienables, los eslabones para alcanzar el desarrollo social inclusivo y mejorar la calidad de vida de la población hondureña en general.
La educación y el trabajo constituyen esos ejes claves para la inclusión laboral y el aumento de la productividad de una sociedad. Están estrechamente asociadas con las oportunidades para acceder a mejores condiciones sociales y económicas, y en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Y en esto en donde el Estado de Honduras y su institucionalidad de turno no pudo avanzar.
De 100 mil jóvenes profesionales que ingresan al mercado laboral cada año, solo 6 mil encuentran un trabajo. Esas son las brechas y desigualdades que le han pasado una cara factura a los jóvenes en el país, que los ha prácticamente condenado al desempleo o al empleo precario, a emigrar, o a convertirse en uno de los miles de “ninis”.
Pero aún la guerra no está perdida, como esta semana un optimista académico nacional colegía. Aún como sociedad estamos a tiempo de promover una transformación nacional orientada a desarrollar mecanismos tendientes a alterar las políticas, las instituciones y el entorno. Un modelo sostenible que responda a las necesidades específicas de los segmentos históricamente afectados por la exclusión social y las desigualdades estructurales.
Revertir esta tragedia social que impone el dato de qué de 100 mil jóvenes graduados universitarios, sólo 6 mil encuentren trabajo, es una urgencia nacional. Eso es lo que nos tiene aplazados como país en los indicadores de subdesarrollo y desigualdad. Por eso es que la pobreza le ha privado la educación a más de medio millón de niños y jóvenes, y a miles de jóvenes que una vez graduados no tengan casi que ninguna oportunidad de insertarse de inmediato al mercado laboral nacional.
Una verdadera catástrofe generacional que desperdicia un capital humano incalculable, que ha minado décadas de progreso, y que ha exacerbado desigualdades arraigadas. Esa es la conspiración más grande que como sociedad estamos en la obligación de desbaratar. La urgencia de construir una sociedad más democrática, más inclusiva, más respetuosa del ser humano, y sobre todo, de la juventud de Honduras.
VEA TAMBIÉN: Editorial HRN: Pobre cobertura educativa, inequidad social
