Que 200 mil jóvenes logren entrar a la universidad en Honduras, mientras 1.2 millones sigan excluidos, evidencia que la mejora en la cobertura de educación superior y su universalización para garantizar las oportunidades de estudio a la población y, sobre todo, a la juventud catracha, sigue siendo una tarea infranqueablemente a deber.

Que sólo 3 de cada 10 jóvenes puedan acceder a la educación secundaria, mientras tenemos a un millón de niños sin poder pisar un aula de clase, significa que el Estado de Honduras no ha podido atender, con inclusión, pertinencia y equidad, las necesidades de un segmento poblacional en edad de estudiar.

El incumplimiento del derecho de acceso a la educación superior, entonces, terminó siendo un reto y un desafío que ningún gobierno pudo sortear. Todos le quedaron a deber a la juventud hondureña. Ninguno pudo cumplir con la obligación de atender los requerimientos generacionales de acceso, cobertura y permanencia.

No le ayudaron a los jóvenes a trazar su vía de acceso a mejores empleos, mientras le negaban a la sociedad hondureña su participación en el rol central de distribución de las posiciones sociales.

Y cuando sólo 31 de 100 jóvenes tienen la oportunidad de entrar a la escuela pública, el sistema, como tal, fracasó en la cobertura y en el acceso obligatorio al conocimiento, vedándole toda posibilidad a la juventud en edad de estudiar, independientemente de sus características sociales y culturales.

Que sean tantos los niños y jóvenes que no pueden ir a la escuela, a un colegio de segunda enseñanza y a la universidad, conspira contra la inclusión, contra un derecho constitucional. Es la oportunidad que se nos negó para construir una sociedad más democrática, más inclusiva, más equitativa y respetuosa del ser humano y sobre todo, de la niñez y juventud históricamente en desventaja en Honduras.

Cuando sólo 3 de cada 10 jóvenes pueden acceder a la educación media, nos volvemos a preguntar, ¿dónde queda, entonces, la premisa de la educación para todos y de la concepción de la educación como un derecho?

¿Acaso es que el concepto de inclusión no evolucionó aquí hacia el histórico compromiso de que los niños y jóvenes de Honduras tienen derecho a la educación, independientemente de su condición social, económica, y de sus capacidades y habilidades?

¿En qué momento de nuestra historia dejó el estado y los gobiernos de turno de propiciar las competencias y el escenario para que todos y todas los niños y jóvenes en edad de estudiar, lograsen entrar a la escuela pública?

En este último cuatrienio se siguió arrastrando una deuda histórica e incumpliendo el sagrado y obligatorio compromiso con la niñez y la juventud hondureña que no puede entrar a la escuela pública. Seguimos siendo inconscientes frente a la descomunal inequidad que le sigue cerrando el paso a nuestros niños, adolescentes y jóvenes a una educación de calidad y pertinencia.

Y en la medida que la cobertura siguió ensanchándose en lugar de ampliarse, como sí lo hicieron otros países y otras sociedades, los restringidos espacios y las limitadas oportunidades, vedaron el acceso de sectores sociales menos privilegiados, con lo cual se ha ido aumentando progresivamente el grado de equidad social en Honduras.

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