La compra de medicinas es un verdadero negocio, muy infame, por cierto, ya que genera utilidades para unos cuantos, en menoscabo de la población.    

Lo ideal es que el proceso estuviese condicionado por la transparencia; es decir, por el establecimiento de reglas claras, con miras a garantizar el respeto a la ley.

En particular, las compras directas se han prestado a negocios turbios que se reflejan en millonarias pérdidas para el Estado, al tiempo que ocasionan graves daños a la población pobre que acude a los centros asistenciales públicos.

No ha existido interés de los gobernantes para acabar con las escandalosas irregularidades en la contratación y distribución de medicinas.

Las investigaciones realizadas desde hace varias décadas revelan que, en detrimento del pueblo hondureño, son pagados al menos 100 millones de lempiras anuales en sobreprecio, debido a los arreglos que están de por medio en cada compra de medicinas.

La sobrevaloración de las medicinas, que alcanza el 300 y hasta el 500 por ciento, ha sido el resultado de ejercicios deshonestos e ilegales que se han enraizado mediante las adjudicaciones directas.

Honduras destina entre 2,000 y 5,000 millones de lempiras en la compra de fármacos y para este año, se estima que más de mil millones de lempiras serán orientados a la adquisición directa.

En este renglón es donde suelen “consumarse” los “negocios turbios”, al amparo de situaciones de emergencia, con el objetivo premeditado de abrir más puertas para los grupos que se benefician de las flaquezas del sistema sanitario muy vulnerable por la falta de transparencia.

Hace más de una década, se puso sobre el tapete de las discusiones un nuevo esquema de compra de medicinas que descansaba sobre tres componentes.

El primero era la dolarización del pago, a fin de garantizar estabilidad y justicia en el precio de los medicamentos.  El segundo recomendaba que las compras sin licitación no excedieran el 10 por ciento.

Y una tercera, consistía en reducir al cinco por ciento el porcentaje para la obtención directa de medicinas y, en lo que respecta a las licitaciones, se proponía la participación de laboratorios internacionales.

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La crisis sin parangón por la que atraviesa el sistema sanitario en la presente administración, plantea un momento crucial para dar un “golpe de timón” en el manejo del presupuesto del sector y en los esquemas de compra de medicinas y en otros renglones sensibles.

Todo sea para ponerle punto final al “negocio” en la compra de medicinas que constituye una injusticia y una infamia, porque atenta contra la población enferma y pone en manos de las redes corruptas los millones de lempiras que están juego en estos procesos.

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