Representantes del sector privado expresaron este miércoles su preocupación por los efectos que podría tener la eventual aprobación de la Ley de Justicia Tributaria en su forma actual, advirtiendo que esta iniciativa alejaría la inversión nacional y extranjera, afectando la generación de empleo en Honduras. Para el caso, Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), recordó que desde el inicio del debate legislativo, bajo la presidencia de Mateo Yibrín, el sector empresarial participó con propuestas para una reforma fiscal que fomente el desarrollo. No obstante, lamentó que muchas de sus sugerencias no fueron tomadas en cuenta. Sabemos que hay que hacer reformas en el sistema tributario, pero creemos que la ley debe ser en beneficio de la inversión , señaló Gallardo, quien además advirtió que varios artículos del proyecto nos sacan de competitividad a los que estamos emprendiendo en el país . Además, la empresaria subrayó que más de 1.5 millones de hondureños enfrentan problemas de empleo y pidió a los diputados reflexionar sobre el impacto económico y social de la medida. Asimismo, rechazó cualquier intento de aprobar la ley sin consenso o en horarios poco transparentes. No lo vemos con buenos ojos. Pedimos que se presente una agenda clara y que estén todos los diputados presentes para discutir cada artículo , enfatizó Gallardo a medios de comunicación. 'Sin consenso, no es una buena ley' Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, fue enfático al rechazar cualquier intento de aprobar la ley contra viento y marea , sin la participación de todas las fuerzas políticas y sin consenso técnico. Las leyes deben ser tan buenas que se aprueben por unanimidad. Si una parte no está de acuerdo, quiere decir que no es buena para todo el país , expresó Fortín a El Informativo del Mediodía, de HRN. Fortín también cuestionó los supuestos beneficios fiscales otorgados a grandes empresas, calificando de falsas las cifras que argumentan exoneraciones millonarias. Eso de que muchas empresas grandes están exoneradas es mentira. Que me lo prueben , sostuvo. Además, criticó la falta de claridad en nuevas figuras contempladas en el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, como el Régimen de Incentivos a la Actividad Económica (RIADE) y las Zonas Francas, de las que dijo no tenemos ni idea de cómo van a funcionar . Sobre el polémico proyecto El proyecto de Ley de Justicia Tributaria fue presentada por la presidenta Xiomara Castro en enero de 2023 y está en discusión en el Congreso Nacional desde marzo del mismo año. Su objetivo principal, según el oficialismo, es reformar el sistema fiscal eliminando exoneraciones que, argumentan, favorecen a grandes empresas y reducen la capacidad del Estado para recaudar ingresos. Para su aprobación, la ley necesita mayoría calificada, es decir, al menos 86 votos de los 128 diputados del Congreso Nacional. Hasta el momento, este apoyo no ha sido alcanzado, en parte debido al rechazo expresado por sectores económicos y políticos que piden más diálogo y transparencia en el proceso legislativo. En tal aspecto, ambos líderes empresariales entrevistados coincidieron en que las decisiones fiscales deben fomentar la inversión, garantizar empleo y brindar certidumbre jurídica, especialmente en un contexto de alta migración y endeudamiento público.