Un gasto mínimo de 250 millones de lempiras serían requeridos para realizar una eventual consulta popular para aprobar la Ley de Justicia Tributaria, como propuso el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, según German Lobo, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Los costos mínimos serían unos 250 millones de lempiras, ya que hay que hacer papeletas, generar urnas, un sistema y toda la logística. Lo más importante es que requiere la participación de los congresistas, y por lo que estoy viendo, no los tiene", afirmó Lobo en entrevista para noticiero Hoy Mismo, de TSi.

El exfuncionario del CNE detalló que para llevar a cabo una consulta popular, en este caso sobre la Ley de Justicia Tributaria, primero debe existir una solicitud que puede ser presentada por ciudadanos, diputados o por la presidencia bajo una resolución del Consejo de Ministros.

Posteriormente, se debe someter la solicitud al pleno del Congreso Nacional, y una vez aprobada, es necesario emitir un decreto que especifique los parámetros de la consulta, la cual será organizada por el CNE.

"De conformidad con la Constitución de la República y la Ley Electoral, el único órgano que puede realizar consultas es el Consejo Nacional Electoral, y para esto también debe acreditarse el presupuesto", agregó.

Falta de votos en el Congreso Nacional

Al respecto, Lobo también cuestionó la viabilidad política de la consulta, señalando que el Congreso no cuenta con los votos necesarios para aprobar la Ley de Justicia Tributaria ni para convocar a una consulta popular.

"Si no tienen ni los 65 votos para aprobar la ley al interior del Congreso Nacional, ¿cómo van a obtener los 65 o 86 votos que se necesitan para llevar a cabo la consulta?", planteó.

Según la Constitución hondureña, para realizar una consulta popular, ya sea plebiscito o referéndum, es necesario que la propuesta cuente con el apoyo del 2% de los ciudadanos censados, de 10 diputados o de la presidenta del país bajo resolución de los ministros, explicó el exconsejero del CNE.

En el caso de una ley ordinaria, se requieren 65 votos en el Congreso, mientras que si se trata de un tema constitucional, como en este caso, se necesitan 86 votos.

Motivaciones políticas detrás de la propuesta

Por otro lado, Lobo también criticó la iniciativa de hacer una consulta popular para aprobar la Ley de Justicia Tributaria, sugiriendo que tiene fines políticos y electorales.

"Lo que andan buscando es una bandera política de cara a las próximas elecciones", dijo, al tiempo que lamentó que estas pretensiones hayan influido en otros actores, como el ejemplo que dio sobre el discurso del jefe del Estado Mayor Conjunto.

Además, el exconsejero enfatizó que la sociedad hondureña está informada y que "no se le puede dar atol con el dedo", subrayando que la falta de votos en el Congreso revela la dificultad de avanzar tanto con la aprobación de la ley como con la consulta.

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Preocupación por falta de financiamiento a la UFTF

Por otra parte, Lobo manifestó su inquietud respecto al financiamiento de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Unidad de Política Limpia, que solicita unos 124 millones de lempiras para realizar monitoreo y fiscalización a campañas políticas.

"Tenemos que combatir todo aquel recurso de procedencia ilícita en las campañas electorales, y no se le ha otorgado a la UFTF las herramientas económicas necesarias para hacer su trabajo", comentó.

Y es que según Lobo, la falta de aprobación de fondos para esta entidad podría ser una "cortina de humo" para desviar la atención de otros temas de interés nacional, como la extradición y otros asuntos que requieren mayor atención.

El debate sobre la Ley de Justicia Tributaria continúa

El proyecto de Ley de Justicia Tributaria fue presentado por la presidenta Xiomara Castro en marzo de 2023, con el objetivo de reformar el sistema fiscal y eliminar algunas exoneraciones fiscales.

Sin embargo, el proyecto ha enfrentado oposición tanto dentro como fuera del Congreso Nacional, donde aún se necesita una mayoría calificada de, al menos, 86 votos para su aprobación.