German Altamirano, diputado del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), confirmó este viernes en entrevista para El Informativo del Mediodía, de HRN, que sí se daría el levantamiento del secreto bancario en caso de que se apruebe en el Congreso Nacional la Ley de Justicia Tributaria.

En ese sentido, Altamirano enfatizó que la propuesta enmarcada a través de la Ley de Justicia Tributaria busca descubrir presuntas prácticas de evasión fiscal que han sido posibles, a su criterio, gracias a la confidencialidad del secreto bancario.

"Lo que preocupa a la empresa privada, sí es cierto, es que queda al descubierto para temas fiscales el secreto bancario. Es ahí donde se hacía defraudación fiscal porque se podían rendir las cuentas que quisieran y pagar los impuestos que les diera la gana, pero hoy, para temas de evasión fiscal, el secreto bancario será descubierto. Eso es todo lo que hay detrás de esta Ley de Justicia Tributaria", explicó el diputado.

Sin embargo, el legislador rechazó las afirmaciones de la oposición, que sostiene que la Ley de Justicia Tributaria gravaría las remesas, si es aprobada.

"Las remesas no se consideran un pago de impuesto sobre renta, porque es una transferencia económica de los familiares de nuestros migrantes", aclaró, insistiendo en que la ley busca regular la tributación sobre utilidades generadas en el país, independientemente de su origen.

Efectos en el sector de maquilas

Entretanto, Altamirano también abordó las inquietudes sobre la posible salida de maquilas del país y según él, las condiciones internacionales y la quiebra de casas matrices en Estados Unidos han sido los factores que han influido en esta situación, no la nueva ley.

En ese aspecto, precisó que las maquilas serían incluidas en los nuevo regímenes que contemplaría la Ley de Justicia Tributaria.

"Las maquilas seguirán acogidas a los regímenes que ya establece la ley, es decir, van a gozar de las exoneraciones fiscales", afirmó, al tiempo que resaltó que los productos de la canasta básica están exonerados y que no se deben generalizar las exoneraciones fiscales.

Además, el congresista hizo un llamado a los nuevos diputados para que expliquen a sus electores por qué se oponen a una ley que, según él, busca beneficiar a la población hondureña.

"Lo que queremos con esta ley es cortar el oxígeno financiero de esos grupos de poder y enfocarnos en el beneficio del pueblo hondureño", concluyó.

Críticas de la oposición al proyecto

Por otro lado, el diputado Nelson Márquez, del Partido Nacional (PN), criticó la propuesta de ley, señalando que su aprobación carece de los votos necesarios y que se utiliza como una estrategia demagógica.

Según Márquez, la ley no resolverá los problemas económicos del país y más bien podría dañar la inversión extranjera.

"Ya existe en nuestro país la legislación que permite tomar medidas contra cualquier institución, cualquier persona natural o jurídica que quiera evadir los impuestos en nuestro país, o sea, eso ya existe y no lo han querido aplicar, o no lo han podido aplicar nada más por incapacidad", argumentó Márquez en HRN.

Además, el congresista acusó a Libre de crear una lucha de clases y generar incertidumbre que ha provocado la salida de inversiones de Honduras.

"Han creado una clase baja bastante afectada por las políticas económicas de la izquierda radical, al punto de que mucha gente que estaba en la clase media ha pasado a la clase baja en cuanto a ingresos", manifestó.

"Ellos encuentran un rédito político en poner a pelear a las masas que generan ingresos en un país, lo que se denomina como la lucha de clases. Aquí quieren poner a pelear a los empresarios con la clase trabajadora y viceversa", añadió.

Ley de Justicia Tributaria: el proyecto

El proyecto de Ley de Justicia Tributaria fue presentado por la presidenta Xiomara Castro en enero de 2023 y presentado en marzo de 2023 ante el Congreso Nacional, con el objetivo de reformar el sistema fiscal y eliminar algunas exoneraciones fiscales contempladas en los regímenes de inversión en el país.

Sin embargo, el proyecto ha enfrentado oposición tanto dentro como fuera del Congreso Nacional, donde aún se necesita una mayoría calificada de, al menos, 86 votos para su aprobación.