La protección social tambalea en Honduras. Esta afirmación se deduce de los datos que muestran que la cobertura es de apenas el diez por ciento de la población.
Nuestro país está a la zaga en la cobertura de los servicios sanitarios y de seguridad social. Mientras en Guatemala es de 18 por ciento, en Nicaragua se queda en 16.5 por ciento, en El Salvador alcanza el 32 por ciento y en Costa Rica llega a más de 90 por ciento, el más alto del área centroamericana.
Las penurias de nuestra población llegan a mayores. El Instituto Hondureño de Seguridad Social fue objeto de la más oprobiosa intervención de los corruptos. Se convirtió en un cadáver. En una década, el número de afiliados directos ha disminuido en siete por ciento.
¡Qué indefensión en la que se encuentra la población! Hace dos años, los hondureños recibieron siete millones de atenciones menos en los hospitales estatales que cada vez pierden su capacidad para brindar los servicios elementales a la población enferma.
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Sin acceso a medicamentos
De los siete millones de hondureños que dependen del sistema de salud pública, el 60 por ciento no recibe sus medicamentos o son dispensados de manera incompleta, en tanto la mora quirúrgica ha llegado a los 20,000 pacientes y la proporción de médicos es cuatro veces menor que el promedio regional.
¡Qué pena y qué desgracia lo que ocurre en nuestro país! Porque, en general, los hondureños más necesitados no tienen esperanza de recibir una atención humanitaria, solidaria y de calidad en el sistema asistencial público.
Nuestro aparato de salud siempre ha estado en podredumbre. Lo deplorable es que continúe en coma y que no tenga posibilidades de entrar en su fase de recuperación.
¿Qué políticas han puesto en marcha los otros países de América Latina? ¿Qué acciones son las que han marcado la diferencia y permitido el mejoramiento de las condiciones de protección social de su población?
Hay que preguntar por qué en Honduras, en cambio, se ha escrito la más detestable historia de corrupción y negligencia en la gestión del sistema sanitario y de seguridad social en menoscabo de su población.
La respuesta es lisa y llanamente por la politización en el nombramiento de las plazas, la alimentación de una mafia en los procesos de licitación de medicamentos y equipo; además, por la incapacidad y la falta de visión de las autoridades frente al derecho inviolable de la población a la salud. Fin.
