La bajísima cobertura de los sistemas de previsión confronta al Estado de Honduras con una realidad inaceptable e injustificable: la seguridad social en nuestro país no ha tenido ni tiene al ser humano (y su institucionalización jurídica) como su punto de referencia.
En Honduras, como lo sabemos todos, la salud dejó de ser un derecho humano fundamental, mientras la inequidad en el acceso de la población al sistema sanitario público, y no digamos, a la medicina preventiva, ha sido una especie de patología clínica.
La salud dejó de ser un instrumento esencial en el cumplimiento de una política pública social que proteja los sectores mayoritarios de la población injustamente excluida.
Con solamente un 20 por ciento de los adultos mayores bajo la sombrilla de las políticas de previsión social, los mecanismos de protección individual y de atención a las necesidades colectivas han fracasado en Honduras.
Con apenas un médico especialista en anestesiología por cada 10 mil habitantes, los regímenes de seguridad social y atención universal no han podido garantizar el derecho humano a la salud, a la asistencia médica y a la protección de los medios de supervivencia prácticamente.
La tarea del nuevo gobierno es y será monumental. Como ocurrió con el gobierno que recién pasó, a este le tocará revertir la pobre capacidad de gestión de un sistema colapsado, así como la buena administración de los recursos humanos; mismos que le han cerrado las puertas y el acceso a los servicios de salud a la población hondureña en general.
El nuevo gobierno tiene, además, otra asignación: ensanchar el déficit de médicos en especialidades tan sensibles como la infectología, nefrología, radioterapia y patología clínica.
Ese déficit de especialistas ha ampliado una brecha dramática entre los que no tienen acceso a ese tipo de atenciones en un hospital público.
Por eso es que hace ya un 'buen rato' que Honduras ocupa la posición 131 de 191 países en la evaluación que la Organización Mundial de la Salud. Un indicador que, además, deja en evidencia el fracaso del Estado en la gestión de la salud pública: apenas el 3 por ciento de la población hondureña está cubierta por un seguro privado.
La administración Asfura tiene un compromiso ineludible en estos cuatro años de gestión: una atención solidaria y digna para todos los que tienen el derecho humano de acceder a los servicios públicos de salud.
La institucionalidad gobernante ya no puede quedarse de brazos cruzados frente al reto de garantizar la universalidad de la salud como un asunto de justicia y de derecho humano fundamental.
De eso se trata también el compromiso de un Estado y su institucionalidad con el eterno valor de la solidaridad y el bien común.
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