Si la situación que enfrenta la mayoría de hondureños que no tiene empleo y que vive en la pobreza es difícil, la condición de los trabajadores que llegan a su retiro sin la protección de un sistema de pensiones es calamitosa.

Siete de cada 10 trabajadores entran en su etapa de jubilación, pero excluidos de todo programa de cobertura social. Ellos están desprotegidos; se encuentran literalmente en el abandono.

Solamente entre el 8 y el 20% de los adultos mayores están bajo la sombrilla de las políticas de previsión social.

El porcentaje de hondureños que ya llegaron a su edad límite en la actividad laboral y que gozan de una pensión es menor al 20%, en tanto que en el resto de América Latina el segmento de quienes reciben una jubilación retributiva es de alrededor del 40%.

Un aspecto especialmente sensible es que en Honduras el aparato de seguridad social es tan débil que la población que sobrepasa los 60 años se ve obligada a trabajar "de lo que sea", o apelar a la caridad después de su retiro para tener opción a sobrevivir.

Lea además: Editorial HRN: Mora judicial e impunidad

Irrespeto a los mayores

Un total irrespeto existe en Honduras hacia las personas de la tercera edad, un sector que ha permanecido a la sombra de la sociedad y que ha sido objeto de la falta de voluntad de los gobernantes para hacer cumplir las leyes que reivindican sus derechos.

En resumidas cuentas, la población de jubilados y pensionados enfrenta episodios que llegan a ser aberrantes por estar vinculados con el maltrato físico y psicológico.

Los hombres y mujeres que ya peinan canas y que concluyeron su vida económicamente activa son sujetos de todo tipo de afrentas. Hoy día, se han convertido en un sector altamente vulnerable.

Esta condición está reflejada en toda su aspereza en la violación a la denominada Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilado, que fue aprobada hace varios años, pero que en la realidad no se cumple. Es un conjunto de normas que están escritas sin efectividad alguna en cuanto al otorgamiento de tratos preferenciales para nuestros viejos.

La injusticia, la exclusión y la inequidad determinan el orden de cosas en que viven las personas de la tercera edad. Este segmento de hondureños no tiene protección social, a la que tienen legítimo derecho quienes llegan a su etapa de retiro de su vida productiva.

La revisión del aparato de previsión es un paso que las autoridades del país deben dar sin demora y sin motivaciones populistas. ¡Rescatemos los valores de justicia, equidad y honra para nuestros adultos mayores!

FIN