La excesiva mora judicial, que mantiene engavetados en los archivos de la impunidad unos 35 mil expedientes, no sólo vulnera el artículo 303 de la Constitución Política de Honduras —que reconoce que la potestad de impartir justicia emana del pueblo—, le resta confianza y legitimidad a la institucionalidad jurídica del país.
Esa dilación en la resolución de casos, que a todos nos parece injustificable como abultada, limita el acceso a una justicia pronta y no selectiva para pueblo hondureño, mientras perpetúa la impunidad.
Fiel reflejo de la parálisis en la que ha estado el entramado jurídico nacional, la mora judicial ha derivado en un funesto pliego de consecuencias, mientras la sociedad sigue demandando, sin respuestas, transparencia, independencia y eficiencia, en el entendido de que la Constitución nombra "magistrados y jueces independientes y únicamente sometidos a la Constitución de la República y sus leyes".
Aquí es donde 'entra en acción' la politización, la nefasta injerencia partidista, las negociaciones políticas que, sumadas a procesos administrativos obsoletos, han provocado el degrado nivel de desconfianza de la población ante la incapacidad de un sistema para impartir justicia.
Y es esa politización, así como también los procesos administrativos obsoletos, lo que ubica a Honduras entre países con índices de impunidad muy alta, como estableció el Índice de Impunidad Global que lo ubicó en el nivel más alto de impunidad en la región y el segundo con mayor impunidad en el ámbito global.
La mora judicial, entonces, es justicia fallida, selectiva, grosera. Y en un momento en el que la justicia sigue estando, por culpa de los políticos, en el ojo del huracán, las reformas al sistema de impartición son una necesidad impostergable e imperiosa.
La 'engavetamiento' o la retención de expedientes en estado de sentencia ha sido una práctica corriente por parte de los operadores de justicia y de quienes los colocan en esos puestos con fines que poco o nada tienen que ver con una verdadera justicia.
Sólo cambiando este estado de cosas, en un estado de vulnerabilidad e indefensión, se les podrá garantizar a los hondureños que sus derechos serán protegidos de manera oportuna y justa.
Solo así se podrá restaurar la confianza en un sistema judicial baluarte de la democracia y del Estado de derecho. Una justicia retardada no es justicia, es más bien, una bárbara forma de injusticia.
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