La narrativa de los funcionarios que tienen la responsabilidad de primer orden en los sectores de mayor peso en la gestión pública está muy influenciada por la politiquería.

La administración gubernamental tendría que ser dirigida por funcionarios de alto perfil, de incontrastables competencias y de irrevocables méritos, muy particularmente en los sectores de salud, educación y seguridad, porque son esenciales para atender las demandas populares.

Parece, sin embargo, que quienes ocupan la titularidad de las referidas carteras ministeriales se han despojado de su investidura y que se han puesto su ropaje partidista en su acérrima defensa de las causas de Libre.

Resuenan las declaraciones de la ministra de Salud, Carla Paredes, a quien se le atribuye haber afirmado que sería una “estupidez” pensar que no es posible la contratación de plazas para médicos afines al Gobierno.

¿Cómo hay que interpretar el agrio distanciamiento de la funcionaria con los directivos del Colegio Médico, aparte de su osada confesión del pecado de nepotismo en que cayó al haber contratado a su hermana y otros parientes, con el argumento de que no confía en nadie más?

En el área de la educación, prima el gastado discurso basado en la herencia de la dictadura. El ministro, Daniel Sponda, no admite que nuestro país es uno de los que presentan mayor rezago en la cobertura, calidad, permanencia en las aulas, acceso a textos, rendimiento de los alumnos y desempeño de los maestros.

El secretario de Estado y los funcionarios que le acompañan en la gestión no dan su brazo a torcer y juran que se ha avanzado cualitativamente en todos los renglones del sistema enseñanza-aprendizaje.

Y en la materia de seguridad, se han acentuado las reacciones muy “impetuosas” de sus autoridades, muy dadas últimamente a enviar reproches fuertes a los criminólogos independientes y a los órganos de la sociedad civil que no están de acuerdo con las estrategias gubernamentales contra la criminalidad.

¿Piensan los funcionarios de Seguridad que son conspiradores aquéllos que cuestionan las cifras estadísticas en las que se apoya el discurso oficial de que “vamos bien” en el combate a la violencia criminal? Todo apunta que sí, como también ocurría en la gestión recién pasada.

Ciertamente, la intolerancia ha sido la nota distintiva de los funcionarios que han ocupado los puestos de alta jerarquía en las pasadas y en la presente administración. ¡Qué lamentable para la población que demanda una acción gubernamental que busque el bienestar general!

Honduras necesita que sean revisadas las políticas de desarrollo con visión de país; lejos de ello, nuestros funcionarios se han colocado las vestiduras de la intolerancia, el sectarismo y la politización. ¿Qué salida tenemos, entonces?