Bien podríamos afirmar que no tiene precedentes la descalificación en que ha caído el Poder Legislativo, paralizado desde hace dos meses que cumplieron los diputados de no asistir a sesiones; ¡eso sí!, no han dejado de devengar 12 millones de lempiras en salarios y dos millones en concepto de viáticos mensualmente.
El congelamiento de la agenda del Congreso Nacional ha desembocado en el estancamiento de la elección del fiscal general y de su adjunto, además de representar un debilitamiento de la democracia y una fractura del Estado de Derecho.
En este entorno marcado por el descrédito de la labor legislativa, los diputados se aprestan a darle continuidad a las negociaciones para consensuar la integración del gobierno del Ministerio Público. Al menos esto es lo que ha trascendido en las fuentes ligadas con este Poder del Estado.
El proceso de elección de los fiscales general y adjunto ha sido tumultuoso, manipulado y llevado en sus diferentes etapas por reglas no “muy limpias”, a pesar de que Honduras necesita fortalecer la institucionalidad y la independencia del Ministerio Público.
Las fuerzas políticas integradas en el Congreso Nacional han sido intransigentes en la nominación de sus candidatos a la titularidad de la institución que tiene el monopolio de la acción penal. ¡Es la máxima expresión de política sectaria, capricho partidario y autoritarismo!
Tal parece que a los líderes de las instituciones políticas les tiene sin cuidado poner en riesgo el balance en el ejercicio del poder. ¿Es el orden del día aniquilar la democracia para dar paso a la disolución del Congreso Nacional, como acusó a finales de la semana anterior el Consejo Nacional Anticorrupción?.
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Desde que fue creado el Ministerio Público en 1993, durante el mandato del fallecido presidente, Rafael Leonardo Callejas, los caudillos políticos han estado tras la usurpación de los cargos de la Fiscalía, con el fin de asegurarse impunidad mayor.
El nombramiento del fiscal general y del fiscal adjunto siempre ha sido manipulado y ha estado muy al margen de los propósitos de afianzar la institucionalidad y la independencia del Ministerio Público.
Porque son los políticos quienes han “metido sus manos” y extraviado a dicha entidad de su razón de existencia, que no es más que el combate al delito, al crimen organizado y a la corrupción.
No ha imperado una finalidad genuina de rescatar la acción penal pública que pasa por la persecución del delito y la lucha contra la impunidad.
Tal vez ésta sea la última oportunidad de la casta política de redimir el quehacer del Poder Legislativo; en particular, en lo que tiene relación con blindar al Ministerio Público de los caprichos de grupos particulares y encauzarlo hacia su verdadera esencia: representar, defender y proteger los intereses de la sociedad hondureña.
