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La expectativa está puesta sobre la convocatoria que se realizará para que los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia presenten su nominación.



Una vez que la Junta Nominadora inicie la recepción de las postulaciones, se habrá desencadenado una de las etapas más críticas del proceso que culminará en enero del año entrante.



Y decimos esto, porque el proceso de recepción de la documentación y la evaluación de los abogados y notarios autopropuestos para magistrados, dará lugar a un estira y encoge, lo mismo que a presiones y pláticas entre las fuerzas políticas.



En estas circunstancias espinosas, nos ha llamado la atención la declaración de uno de los directivos del Congreso Nacional y dirigente del Libertad y Refundación. No ha tenido cautela al sostener que no importa que los partidos negocien la relación numérica de los magistrados por afinidad política.



A decir verdad, esto es lo que han pactado los políticos en torno a la conformación del Poder Judicial con 15 magistrados que asumirán para el período 2023-2030.



La elección de los magistrados del máximo tribunal de justicia ha sido históricamente el fruto de negociaciones, compromisos alcanzados en misas negras y, en fin, una impartición contaminada de la justicia.



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Ya lo adelantó el exfiscal y ahora ministro de Transparencia, Edmundo Orellana Mercado: será una misión imposible evitar que los políticos metan sus manos e impongan a sus candidatos a magistrados del Tribunal Supremo.



Y es que es un proceso de consensos políticos, porque la elección de los magistrados para la integración de la Corte Suprema de Justicia es una potestad de la Cámara Legislativa.



En ello no hay discusión alguna; pero a lo que aspiramos los hondureños es que la escogencia de los togados no sea inescrupulosamente negociada, sino consecuencia de una evaluación concienzuda de la hoja de vida de los abogados y notarios candidatos a ser magistrados.



La repartición descarada de la cuota de representación partidaria de los magistrados ha sido un duro golpe a la democracia y si ocurre lo mismo esta vez, será una bofetada al pueblo que pide a gritos la impartición recta y pronta de la justicia y la aplicación dura de la ley a los criminales y a los corruptos.



La independencia, el compromiso y la honestidad con que actúen los miembros de la Junta Nominadora en el cumplimiento de su misión, serán las condiciones que pueden hacer la diferencia en el proceso que ya está en marcha y que culminará en enero de 2023.



Los hondureños hacemos un llamado para que los 15 abogados y notarios que juren como magistrados por un período de siete años, reúnan los criterios de probidad, capacidad y compromiso con la depuración de un sistema de justicia nuestro que está corrompido, anquilosado y secuestrado por grupos acostumbrados a prostituir la aplicación de las leyes para su beneficio.



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