La realidad hay que graficarla como es, sin medias tintas. En nuestro país la agenda política está por encima del orden de desarrollo económico.
El desarrollo de nuestro país está condicionado a la atracción de capital y la creación de empleo sobre una relación armónica entre los miembros de la iniciativa privada y las autoridades del país.
Tristemente, en nuestra Honduras el régimen del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), no ha enviado un mensaje sincero de su voluntad política de trabajar de cerca con los empresarios; más bien, ha prevalecido un discurso agresivo contra los representantes del capital.
Ha sido el mismo presidente del COHEP, Mateo Yibrín, quien ha revelado que una facción de diputados están empecinados en provocar una ruptura entre los inversionistas y el Poder Ejecutivo.
Ahora entendemos por qué ciertos burócratas mantienen sus ataques indiscriminados contra los inversionistas nacionales. Sin darle sustento a sus acusaciones, han dicho estos voceros del Poder Popular que las grandes empresas no pagan impuestos y que entre 2009 y 2022 recibieron privilegios fiscales por 400,000 millones de lempiras.
Estos altos burócratas han vociferado que Honduras paga anualmente 59,000 millones de lempiras en concepto de servicio de deuda, pero deja de recibir 63,000 millones por el otorgamiento de exoneraciones fiscales.
¿Y es que acaso no han sido los políticos en distintas gestiones gubernamentales los que han armado alianzas torcidas para cometer abusos en la utilización de privilegios fiscales?.
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Otra interrogante surge en medio de esta reflexión. Y es la que está referida a que las exoneraciones y exenciones son justamente la única herramienta con la que cuenta nuestro país para motivar la llegada de capital externo y crear empleos.
¿Por qué razón, entonces, la determinación es eliminar todas estas prebendas sin analizar sus consecuencias fatales para los propósitos de atraer capital extranjero?
No parece haber flexibilidad para entablar un diálogo alrededor de una política de estímulos a la inversión extranjera que, dicho sea de paso, se derrumbó en el período entre 2015 y 2020 al moverse de 1,300 millones de dólares a 224 millones.
En vez de poner en vigor medidas agresivas para promover la inversión, la administración gubernamental coloca más trabas a la pírrica inversión que llega al país. Si esto no fuera suficiente, los funcionarios más radicales se han dado a la tarea de enfilar contra los empresarios y contra los mismos compañeros de Gabinete que han advertido el extraviado camino fiscal que sigue Honduras.
Encima, hay una especie de maquinación urdida desde el mismo partido en el poder para entorpecer, por instrumento de la Presidencia del Congreso Nacional, la aprobación de la Ley de Trabajo Parcial considerada como una alternativa salomónica para los 400,000 hondureños que están desocupados o desempleados.
Honduras sólo superar esta crisis cuando el Gobierno concierte con los empresarios una agresiva estrategia de inversión para crear más empleos.
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