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Son muy riesgosos los pasos que está dando el Gobierno del Poder Popular para darle un giro a nuestro sistema político. Las consecuencias pueden no tener vuelta de hoja para nuestro Estado de derecho.



La propuesta para reformar la Ley del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional es uno de esos planteamientos aventurados que amenazan con vulnerar nuestra institucionalidad.



Tal parece que hay un camino trazado para conducirnos a un régimen basado en la concentración de poder político-partidario, cuyos ideólogos esperan consumar en virtud de un golpe de timón a la estructura del máximo órgano de planificación para la seguridad pública y defensa de la soberanía e integridad territorial.



La maniobra, como ya se ha revelado, consiste en excluir la representación de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso Nacional y de las Fuerzas Armadas e incorporar a otros funcionarios del Gabinete de Gobierno que no necesariamente están vinculados con las estrategias de defensa y de seguridad.



¿Qué buscan los gobernantes: colocarse una coraza ante un hipotético Golpe de Estado o debilitar aún más el sistema democrático que los mismos políticos volvieron ineficaz en cuanto a su capacidad para responder a las mayorías que reclaman participación en la toma de decisiones?



Quizás está de por medio un fin que justifica los medios: romper la independencia de los Poderes del Estado y revitalizar la rancia idea de una consulta popular para establecer un nuevo pacto social.



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Porque, aunque ya pasaron más de diez años desde la crisis política de 2009, el viejo discurso de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente no está sepultado, está vigente.



Sobre el escenario político-institucional está planteado también, desde hace algún tiempo, el proyecto que crea el Sistema Nacional de Poder Popular, con el pretexto de que la población, la ciudadanía y los movimientos sociales sean incluidos en la gestión de Gobierno y en la formulación, ejecución y evaluación de las decisiones.



Tenemos, en conjunto, propuestas para reformar la Ley del Consejo de Defensa y Seguridad, promover una nueva Carta Magna o Contrato Social e impulsar la construcción de un Sistema del Poder Popular.



¿Qué amenazas representan estas tesis para la institucionalidad del país y el Estado de derecho?



Es un suicidio conducir a nuestro país hacia la intolerancia ideológica, la persecución política y la vulneración de las libertades esenciales como ocurre en Venezuela y Nicaragua e incluso en El Salvador, donde toman fuerza las imposiciones desde el poder, el ejercicio del control, la censura y la restricción de los derechos primordiales.



Expectantes debemos estar los hondureños que abogamos por la democracia, la libertad y el respeto a las decisiones expresadas por las mayorías en las urnas, ante el amago de agotamiento o derrumbe de nuestro Estado de Derecho.

Editorial HRN: Estado de derecho y riesgo de concentración del poder

Editorial HRN: Estado de derecho y riesgo de concentración del poder

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