En los 13 municipios de Honduras que durante 10 años no han 'sabido' lo que es un homicidio, y en las más de 150 comprensiones municipales que a esta altura del año reportan cero incidencias violentas, no parece haber costado mucho o nada, comprender las complejidades de la seguridad pública o ciudadana.
Al tenor de sus circunstancias, desarrollaron sus propias capacidades institucionales para la gestión de la seguridad municipal logrando lo que muchas ciudades y países en América Latina, incluso, no han podido ni por cerca alcanzar.
El estigma de la violencia criminal pasó de lejos, y en estos denominados 'municipios blancos', es decir, libres de homicidios y hechos violentos, han transcurrido siete, ocho y hasta diez años, sin registrar una muerte violenta.
¿Cómo lo lograron estos municipios en un Estado que prácticamente ha fracasado en el diseño de planes de seguridad ciudadana integral; en un país cuyos gobiernos 'hicieron aguas' en la gestión interinstitucional para implementar políticas públicas que combatieran el accionar de la criminalidad y la violencia en el territorio nacional?
Y mientras se sigue patinando sobre lo que hay que hacer, analizando causas a partir de percepciones superficiales, contando muertos, como también nos 'llevamos' los medios de comunicación, y cuestionando la efectividad del Estado como el 'gran proveedor' de soluciones, estos municipios lograron mantener en cero los homicidios, y sin grandes ni 'cacareados' planes de seguridad ciudadana integral, por los que, por cierto, los gobiernos de turno pagan millonarias cantidades de dinero a consultores internacionales y teóricos de la seguridad.
Frente a los embates de los criminales, que no quieren darnos tregua, es el momento de que la institucionalidad central explore este modelo de seguridad ciudadana que le ha dado resultados a los 150 municipios que este año no han tenido un tan solo hecho de violencia criminal.
¿Por qué el municipio de Humuya, Comayagua; o Mercedes de Oriente, La Paz; no han registrado en 9 y 10 años, respectivamente, un tan solo homicidio? ¿Qué estrategias se implementaron en Yauyupe, El Paraíso; o en Dolores Merendón, Ocotepeque, para que estos municipios no estuviesen dentro de los lugares y zonas en las que entre 2016 y 2025 se perpetraron los 36 mil 464 homicidios que registran las estadísticas policiales?
Aquí lo que se plantea es una oportunidad de replicar las estrategias de seguridad ciudadana que implementaron estas comprensiones municipales, a menos que se quiera seguir botando los recursos en la elaboración de nuevos diagnósticos y montando, en salones climatizados, improductivas mesas de 'trabajo' para que los teóricos de la seguridad ciudadana refrenden la 'irrefutable conclusión' de que el escenario de violencia criminal que tenemos, deriva en profundos impactos sociales, económicos y políticos, y que el costo de la inseguridad y la violencia sigue lastrando en términos de porcentaje, el Producto Interno Bruto.
Es una oportunidad, insistimos. Combatir el crimen solo será posible a través de una estrategia integral y comunitaria. La dispersión en las acciones y la incoherencia en las medidas, además del gasto innecesario, no nos dieron resultados. Por muy locales o concentradas, las medidas que tomaron las autoridades de estos municipios dieron resultado.
Pero seguramente, la implementación de políticas focalizadas en la prevención y el control de la violencia criminal, para después ensanchar la relación directa entre la población, su coparticipación y su responsabilidad en la solución de una problemática que erosiona el mismísimo Estado de derecho, podría contribuir a que por fin se trabaje en Honduras en una estrategia nacional y multidimensional contra la violencia y la criminalidad, que nos ha quitado además, nuestra calidad de vida.
VEA TAMBIÉN: Editorial HRN : La fallida batalla contra la criminalidad
