Otra masacre más, esta vez, en la penitenciaría de mujeres en Támara, para que quedara en evidencia la incapacidad del gobierno actual para dar respuestas a la inseguridad e ingobernabilidad en el sistema carcelario nacional.
Frente a la magnitud de la tragedia carcelaria que está aniquilando a la población penitenciaria, nada puede justificar la responsabilidad que el estado de Honduras y su engranaje institucional tiene, en la muerte masiva de mujeres privadas de libertad, ayer en támara, como también con los asesinatos colectivos y selectivos que casi todos los días se están reportando en los presidios de baja, mediana y máxima inseguridad.
Lo que pasó ayer en la cárcel de mujeres nos sume en la más cruenta de las calderas de la criminalidad e ingobernabilidad penitenciaria, pero además, en una de las más profundas crisis de gestión del estado y de la política nacional de seguridad pública.
Entonces, nada cambió en Honduras en este último año y medio, como nada cambió en las últimas dos décadas, y lo que pasó ayer en el CEFAS, es la peor evidencia de que el estado de Honduras y su institucionalidad siguen tolerando y facilitando el exterminio masivo de las más de 15 mil personas privadas de su libertad en las 25 cárceles que funcionan en la actualidad.
Exterminio masivo, y cuando lo decimos así no se trata de una audaz ligereza, si ayer la propia coordinadora de la comisión interventora, Julissa Villanueva, reconocía ante los medios de comunicación que lo que ocurrió ayer en la cárcel de mujeres era algo que ya esperaban. Un suceso que en la interventora nombrada por doña Xiomara a principios de abril de este año, ya se sabía que iba a suceder.
¿Cómo es posible entonces que no se actuara, y ahora sigan con la ya rayada cantaleta que todo lo que hoy pasa en el país es culpa de la narcodictadura, de los gobiernos que tuvimos.
Es todavía una más preocupante y notoria desconexión con la realidad que después de 70 días de haber intervenido el sistema penitenciario, no se hayan dado cuenta que no es lo mismo “verla venir que platicar con ella”.
La preocupación que a muchos nos generó el nombramiento de la señora Villanueva al frente de la interventora de las cárceles, más a partir de su emotiva personalidad, tenía fundamento.
La recuperación de la gobernabilidad y seguridad al interior de los recintos penitenciarios no se iba a lograr a través de emotivos e imprudentes tuits, ni mucho menos con desafiantes mensajes y poses en pantalones tácticos y rimbombantes chalecos antibalas.
Cuando desde la imprudente emotividad se desvaloriza la racionalidad, termina sucediendo lo que ocurrió ayer en la cárcel de mujeres, o lo que también pasó ayer en la prisión de máxima inseguridad de Ilama, Santa Bárbara, en donde un monumental operativo policial de intervención no pudo ingresar a aquel recinto a cumplir la misión de requisición de armas ocultas y traslado de reos a otro centro penal, porque los miembros de estructuras criminales que ahí operan, se los impidieron.
La tragedia carcelaria de Honduras, deja en evidencia la vergonzosa ingobernabilidad que priva en las cárceles, pero desnuda todas las falencias y debilidades institucionales
¿Seguiremos condenados a convivir con esta aparentemente perenne tragedia carcelería?, ¿continuará el país sumido en este infierno penitenciario, calcinándonos como las mujeres de Cefas que murieron así, en la inseguridad e ingobernabilidad?.
En medio del dolor y el enojo que provocan tragedias advertidas como la de ayer, los hondureños demandamos respuestas y que así como ya lo insinuó la propia presidenta castro, se deduzcan ya, las responsabilidades penales del caso, imputables a esta estructura de exterminio e impunidad que ha sido tolerada desde la institucionalidad misma.
VEA AQUÍ: Editorial HRN: Altas cargas impositivas, deficientes servicios públicos y demás conspiraciones
