La lucha contra la corrupción ha sido una falacia en Honduras. Es suficiente con replicar un dato que ha sido revelado a través de HRN: en los cuatro años anteriores, solamente cinco expedientes sobre responsabilidades penales fueron enviados por el Tribunal Superior de Cuentas a la Fiscalía.
Sin más discusión, significa que los hondureños hemos derrochado al menos 2,250 millones de lempiras entre 2022 y 2026, que es la suma de las asignaciones presupuestarias al organismo contralor.
Igualmente, los recursos dirigidos a la operación del Ministerio Público han caído en “saco roto”. En los cinco años recientes, la Fiscalía ha malgastado 12,700 millones de lempiras en la persecución del delito, porque no ha habido respuesta en la cruzada por la transparencia.
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"Componendas" para mantener impunidad
Los políticos de distinto signo han estado y siguen metidos en “componendas” para impedir que se ponga fin a la impunidad de que han gozado los deshonestos. Ellos siguen burlándose del pueblo que clama por que se imponga la justicia contra quienes han pisoteado las leyes del país.
¿No hay una confabulación entre los políticos y las instituciones encargadas de la impartición de justicia y del ejercicio de la acción penal pública?
La batalla contra la corrupción ha resultado ser un fracaso en Honduras, pese a que la transparencia y la rendición de cuentas han sido un socorrido compromiso de los gobernantes en diferentes períodos de nuestra historia.
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Pérdidas millonarias
La corrupción y la impunidad son un engendro, son la causa por la que el país pierde cada año el 12 por ciento de su Producto Interno Bruto, son la razón por la que seis de cada diez compatriotas viven en pobreza y son el motivo que explica nuestra miseria institucional y el vacío de liderazgos decentes.
La falta de transparencia es un mal endémico en nuestra Honduras. Los deshonestos se burlan de la justicia, paradójicamente con la complicidad de las mismas instituciones a quienes corresponde cerrarle el paso a los perversos y torcidos.
Los corruptos y su blindaje ante la ley en Honduras
Los corruptos están blindados en Honduras. Ésta es la realidad que hay que revertir en aras de recuperar la esencia de las instituciones, devolverle la legitimidad al Estado de Derecho y de atender la voz inapelable del pueblo que demanda que se haga justicia a las víctimas de los deshonestos.
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Los pactos de “impunidad” y los “arreglos” entre el “linaje” de corruptos y sus socios tienen que llegar a su término. Igualmente, hay que adecentar a las instituciones que imparten justicia, los entes que persiguen el delito y los organismos contralores, porque hasta ahora han sido ineficientes, porque han contribuido a alimentar la podredumbre en nuestro país.
