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Entre los argumentos esgrimidos para denunciar su participación en la referida instancia del Banco Mundial, el régimen del poder popular pretexta que se ha convertido en “un sistema que socava la soberanía, desplaza la función de los tribunales de la República y limita el cumplimiento de decisiones del Gobierno democrático”.



El retiro del CIADI se haría efectivo en agosto, de conformidad con lo divulgado por la Procuraduría General de la República. Con ello, se consumaría un “autosabotaje” a la economía de Honduras.



Lejos de ser analizado con seriedad, oportunidad y compromiso, ese tema ha sido tomado como uno de tipo ideológico y político, en sintonía con la doctrina del socialismo democrático.



¿Acaso la seguridad jurídica depende directamente de la soberanía desde la óptica de la izquierda o del concepto de autodeterminación de los pueblos desde la perspectiva de la derecha?



Tal y como lo sostienen los líderes empresariales e industriales hondureños, esta forma de pensar de parte de quienes gobiernan Honduras es definitivamente obtusa y atenta contra todo esfuerzo por atraer capital foráneo para el desarrollo del país.



Muy mal les ha ido a los países que se han retirado del Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones como es el caso de Bolivia y de Ecuador que, en su momento, también hicieron una defensa ideologizada de su soberanía cuando reclamaron su exclusión de las normas de arbitraje internacional.



No es de esperar que Honduras sea la excepción a esta regla. Nuestro país tendrá que enfrentar las consecuencias de una decisión tomada al calor de posturas políticas y no de interpretaciones objetivas sobre las inversiones, los convenios y los tratados comerciales internacionales.



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Con el retiro del Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones, Honduras se vuelve un desierto para la llegada de capitales por su condición de un país donde se imponen el cambio de normativas y la arbitrariedad, nunca la certeza jurídica para hacer negocios.



Honduras es la nación de Centroamérica que menor recibe inversión directa internacional. A duras penas ha percibido en los años recientes un promedio de 800 millones de dólares, contra 2,600 millones de dólares que ingresan en Costa Rica, Panamá y Uruguay, para citar algunos ejemplos.



No seremos más un terreno fértil para los flujos de recursos externos si no hay seguridad jurídica y si Honduras se coloca bajo la sombra de una mal entendida reivindicación de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos.



¿No es un suicidio o un “autosabotaje” a la endeble y postrada economía hondureña, en tiempos del pregonado socialismo democrático?.



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