Una verdad infalible es que el desbalance de la estatal es catastrófico y desangra las finanzas nacionales. Uno de cada cuatro lempiras de la deuda pública de Honduras corresponde al déficit de la empresa.

Los políticos que, en resumidas cuentas, han tenido una participación protagónica en el descalabro de la ENEE, no parecen estar comprometidos con el rescate de la institución como ellos tratan de hacer creer.

Los diputados dejaron en suspenso la discusión de una iniciativa de reformas estructurales al sector energético por puro cálculo o quizá por la defensa de los intereses de aquellas empresas que se han beneficiado a costa de la bancarrota de la institución.

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A la luz del modelo que ha sido planteado para revertir la hecatombe del sector eléctrico, la ENEE sería la matriz para la custodia del patrimonio del Estado y para la supervisión de las subsidiarias de generación, transmisión y distribución.

En el pasado cercano, la energía eléctrica fue elevada a la categoría de bien público y de seguridad nacional. En su momento, esa polémica normativa creada por los “refundadores” de Libre fue considerada un esfuerzo para disminuir la brecha en el suministro del servicio.

En contrapeso a tales valoraciones, los desarrolladores de proyectos de potencia expresaron sus dudas de que la ley ocultara el propósito de expropiar y nacionalizar todo el sistema de generación de energía eléctrica.

En la presente gestión nacionalista, hay quienes se han pronunciado a favor de privilegiar la reducción de las pérdidas que rondan el 38 por ciento, antes que apostarle a una reforma, cuyos principios terminan siendo dictados bajo una visión política.

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Es una primera necesidad que las autoridades del país muestren su voluntad sincera de sacar a la ENEE de su desequilibrio financiero, su postración operativa y de su fracaso administrativo. La Empresa de Energía Eléctrica es una historia de saqueo, corrupción y malas disposiciones de política pública.

Lo esencial no está en seguir girando alrededor de las tesis que han esgrimido por décadas los culpables del fracaso de la ENEE, sino en tomar las decisiones correctas que lleven a la empresa a ser viable, a convertirse en un instrumento de competitividad y a abonar sustancialmente al desarrollo económico de Honduras.

El reto es armonizar acciones, alinear esfuerzos y compartir una estrategia destinada a salvar a la ENEE, cuyo estado refleja pérdidas del 38 por ciento, pasivos que ya rozan los 120,000 millones de lempiras y una deuda de 6,500 millones de lempiras y de 800 millones de dólares con los generadores privados.

La causa es la misma: una pésima gerencia, una negociación de contratos leoninos, la falta de inversión y una corrupción enraizada. El fin último, entonces, debe ser recuperar una empresa que es patrimonio de todos los hondureños y no de grupos que persiguen objetivos inescrupulosos.