Mientras más datos salen a la luz, mayor podredumbre emana del Fondo Social al que se dio vida para que los diputados y funcionarios se repartieran recursos públicos a manos llenas.

Es un episodio condenable que ha desatado un feroz enfrentamiento entre los que sólo gestionaron y los que recibieron dinero; entre los del partido Libre y los que forman parte de la oposición política.

Unos, niegan haber recibido ese beneficio y atribuyen su figuración en la “lista negra” a un plan perverso del oficialismo; otros, los que están en el poder, aseguran que el uso de los recursos está justificado.

El deshonroso caso que ha sido bautizado como “el checazo”, demuestra que las prácticas de ayer están vigentes hoy y que los políticos que antes condenaban la “narcodictadura” cayeron en las mismas prácticas corruptas.

Los diputados se llevan cada año no menos de mil millones de lempiras con el pretexto de promover planes de ayuda social para grupos vulnerables, patrocinar proyectos comunitarios y financiar el desarrollo de obras de infraestructura.

Datos comparativos de los que nos hemos hecho eco refieren que en la administración anterior cada uno de los diputados recibían 200,000 lempiras en subsidios y un millón de lempiras del Fondo Departamental cada año; en contraste, en el actual régimen son distribuidos hasta 7.7 millones.

Es dinero que proviene de los tributos que pagamos y que, en suma, nos cuesta a los hondureños. Son centenares de millones de lempiras que van a parar a los bolsillos de los políticos, esos personajes deshonestos que están robando nuestros impuestos.

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Mientras el oficialismo insiste con su narrativa de que en Honduras hay sectores privilegiados que no pagan impuestos, este grupo de políticos y funcionarios inmorales se apropia de los recursos públicos para sus fines proselitistas. ¿No es éste un infame robo? ¿No es corrupción e impunidad?

Hace dos días, el Ministerio Público diseminó a sus agentes en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Copán a efecto de obtener documentos de soporte y verificar la realización de los proyectos que se supone han sido llevados a cabo con fondos públicos.

Se supone que también el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Transparencia comenzaron a tomar acciones para desentrañar el despreciable expediente del dinero dilapidado del Fondo Social.

¿Pantomima? El tiempo dirá si las instituciones competentes proceden con contundencia o dejan en la impunidad a los corruptos y –como ha ocurrido siempre- todo queda en una mentira, en el olvido o en el “puro cuento”.

Ahora más que nunca es necesario revisar y auditar el Fondo Social que permite a los diputados acceder a centenares de millones de lempiras anuales para mezquinos, miserables y repugnantes propósitos políticos.  

¡No más esquemas construidos para que algunos personajes ruines y perversos se valgan de su posición de poder y tomen como propio el dinero que es del pueblo!

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