Tras audiencia inicial celebrada este jueves, un juez de Letras Penal con competencia en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó un nuevo auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Iván Velásquez y Marco Abel Villeda, gerente y empleado de confianza de la empresa Koriun Inversiones.
Asimismo, el tribunal impuso la medida cautelar de arresto domiciliario a Kefi Navarrete, también vinculada a la estructura.
La resolución judicial responde a una ampliación del requerimiento fiscal interpuesta por el Ministerio Público, que ahora acusa a los imputados por la presunta comisión del delito de asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales.
Esta acusación se suma a los cargos previos de lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de armas y municiones.
Y es que durante la audiencia de declaración de imputado celebrada el lunes 30 de junio en Tegucigalpa, el ente acusador presentó los nuevos elementos que fundamentan la ampliación del expediente.
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Mientras tanto, cientos de afectados se concentran desde hace semanas frente a las oficinas cerradas de Koriun Inversiones, en un intento desesperado por recuperar el dinero invertido en la presunta estructura fraudulenta.
Otros involucrados permanecen prófugos
El Ministerio Público también confirmó que existen órdenes de captura pendientes contra cuatro personas más: Elder Giovanni Gómez, Juan Carlos García, Renán Humberto Mairena y David Yuvini Velásquez, hijo mayor de Iván Velásquez, quien era gerente de la filial de Koriun en Olancho.
Según autoridades, ninguno de los mencionados se presentó a la audiencia del lunes.
Por su parte, la defensa de David Velásquez aseguró que su ausencia respondió a razones no detalladas, sin que esto impidiera que la orden judicial siga en vigor.
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El presunto fraude de Koriun Inversiones
La investigación contra Koriun Inversiones comenzó formalmente el 23 de abril, cuando las autoridades aseguraron sus instalaciones en Choloma, Cortés, en el norte de Honduras.
Según el Ministerio Público, la empresa operaba bajo un esquema Ponzi, prometiendo ganancias semanales del 5 %, lo que habría captado la atención de más de 35,000 personas, principalmente empleados de maquilas y pequeños comerciantes locales.
Las autoridades califican el caso como parte de una estructura criminal organizada que pone en riesgo la estabilidad financiera del país.
Entretanto, la indignación por el fraude ha provocado bloqueos de carreteras y protestas en la zona norte, afectando incluso el tránsito hacia Puerto Cortés y otras zonas del país.
Ante la incertidumbre, cientos de aportantes han acudido con documentación para respaldar sus depósitos, buscando que se les reconozca como víctimas dentro del proceso penal en curso.
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