Los datos comparativos son suficientes para concluir que se ha fracasado en la misión de combatir las redes de los criminales, depurar y transformar el sistema carcelario y lograr una verdadera coordinación entre los operadores de justicia.
La prevalecía de la criminalidad en nuestro país es 400 por ciento más alta que la de El Salvador y se sitúa cien por ciento por encima de la tasa de homicidios de Guatemala y Nicaragua.
Es una misión infame defender lo que no tiene excusa. Los funcionarios que están comisionados para el manejo de la seguridad pública realizan todos los esfuerzos a su alcance, con el fin de desestimar las cifras que reflejan el repunte de la criminalidad.
La inseguridad se ha incrementado, especialmente en sus expresiones de narcotráfico, extorsión, sicariato; también se han fortalecido las incursiones de las maras y pandillas.
En lo que ha transcurrido de 2023, se han registrado cerca de una treintena de homicidios múltiples con un saldo de casi dos centenares de víctimas; diez homicidios se cometen diariamente, en promedio.
La delincuencia y la criminalidad organizada se han desbordado, sus organizaciones han vuelto a encontrar espacios libres para sus intervenciones, pero los cuerpos de seguridad y de investigación no han afinado sus estrategias ni les han dado seguimiento a los procesos de depuración y estrecha coordinación entre los operadores de justicia.
Las acciones contra las agrupaciones de forajidos son menguadas, porque no están en sintonía con una política graníticamente elaborada y pensada para su ejecución integral.
La respuesta de las instituciones apenas se ha centrado en iniciativas de corto plazo como el Estado de Excepción, cuyos resultados han sido fallidos y, por otro lado, el Toque de Queda, que más bien traerá repercusiones desfavorables para la estructura productiva, en lugar de disuadir a los malhechores.
El anhelo de los hondureños de bien es que la batalla contra las estructuras delictivas y criminales tenga resultados efectivos y no patentizados en informes demagógicos ni arreglados.
La lucha debe ir encaminada a revisar qué es lo que se ha hecho en otros países para contener a los criminales que han perforado su institucionalidad. ¿Cuál es el camino que tendríamos que tomar para no sucumbir, sino avanzar en el combate a las asociaciones del hampa?
A través de las fuerzas de seguridad y de las agencias de investigación, en conjunto con los operadores de la justicia, el Estado debe dar un golpe de timón y afinar la batalla en pro de la seguridad, la protección de la vida y el acceso de los hondureños a una justicia pronta.
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