Mientras el presupuesto de la Secretaría de Educación sobrepasó este año los 46 mil millones de lempiras, el número de escuelas unidocentes y multigrado en el sistema público es de 7.900 centros educativos.
¿Acaso no debería ser suficiente semejante presupuesto para que en Honduras se logre ya reducir la cantidad de escuelas que funcionan con uno o dos maestros a cargo de múltiples grados y que, como se ha pedagógicamente comprobado, impacta en las tasas altas de deserción, repitencia y abandono escolar?
En Salud, el presupuesto de 31 mil 289 millones de lempiras tampoco fue suficiente para cumplir con el pago de salarios y demás obligaciones laborales a todo el personal sanitario, incluidos los incrementos 'amarrados' al Índice de Precios al Consumidor, a pesar de la obligación misma que tiene la Secretaría de destinar, sí o sí, el 70 por ciento del presupuesto anual a dichos compromisos.
La nueva administración del país también se las ha visto a 'palitos' para abastecer de forma trimestral, entre 800 y 900 mil libras de fármacos del cuadro básico a 28 hospitales y 20 regiones departamentales, mientras también el multimillonario presupuesto incluía partidas para ser invertidas en proyectos para la provisión de servicios de salud en el primer nivel de atención, que son los centros de salud.
¿Cuáles son, entonces, las prioridades en este país? ¿En qué termina convirtiéndose la inversión pública que se consigna en los presupuestos asignados a rubros tan vitales y sensibles como la salud y la educación?
Con tantas necesidades no atendidas ni cubiertas, y con la desesperante crisis que agobia a 2 de cada 4 hondureños, cómo es que se deja de ejecutar el Presupuesto anual del Estado en aquello que no es gasto corriente ni solo el sostenimiento de la abultada e ineficiente planilla salarial gubernamental.
En el 2025, en el último año del Gobierno de Libre, Honduras recibió unos 578 millones de dólares en forma de financiamiento y cooperación externa orientados a proyectos y apoyo presupuestario, pero dichos desembolsos, que llegaron de la cooperación internacional, no parecen haberse invertido en proyectos, obras y programas, en los rubros y sectores en donde se refleja la mayor vulnerabilidad de la población hondureña.
Mientras los ingresos tributarios superan anualmente con creces los 100 mil millones de lempiras, la masa salarial se traga anualmente entre 31 y 32 mil millones de lempiras; mientras anualmente el gasto corriente sube, en promedio, unos tres mil millones.
Cómo es que sí tenemos para una cosa y apenas se ejecutan recursos públicos no para lo que debería ser más importante. La inversión social en Honduras apenas supera los diez mil millones de lempiras y el gasto corriente es hasta cuatro veces superior a esa cantidad.
Es inaceptable que, en un país con tantas necesidades y tanta pobreza, apenas 30 centavos de cada lempira recaudado por la vía de los impuestos sea destinado a la obra social, y que cerca del 60 por ciento de los 35 mil millones de lempiras que le entraron al estado el año pasado no se ejecuten ni sean destinados a la inversión social.
Algo sigue fallando, pero tampoco tiene que seguir sucediendo. Algo no está bien para que semejante cantidad de recursos dejen de llegar a los más y a las comunidades más vulnerables.
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