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Honduras tiene nuevo presidente. Nasry Juan Asfura ha asumido las riendas del país, en un momento histórico permeado por complejos desafíos y por obstáculos que han puesto en jaque la gobernabilidad misma, la calidad institucional y la capacidad del Estado para cumplir sus propósitos constitucionales, de una forma equitativa y justa.



Tiempos de un agravado debilitamiento de las instituciones gubernamentales, de un profundo sentimiento de desconfianza y desencanto ciudadano, que ha repercutido gravemente en la efectividad y legitimidad de la institucionalidad pública.



Nada fácil lo que tiene por delante el nuevo presidente, en tiempos en los que un obstáculo y un flagelo en particular, la corrupción, ha socavado profundamente la eficacia y la legitimidad de las instituciones públicas y de la misma clase política nacional.



Y es que si hay algo que le ha provocado un daño terrible a la hondureñidad, que ha impedido la cohesión de todos los sectores, que ha minado la confianza pública, que ha reducido la efectividad de las políticas públicas, ha sido la corrupción.



La corrupción ha limitado las posibilidades del Estado, ha frenado políticas públicas eficaces, impidiendo el aseguramiento de servicios esenciales. Es lo que nos ha robado, no solo los recursos públicos, sino la cohesión social y el desarrollo sostenible y equitativo de la sociedad hondureña, de los más vulnerables.



Los obstáculos y desafíos son todas urgencias en Honduras, pero si hay un problema mayor que tiene una relación y repercusión en la desigualdad, en la gobernabilidad y en la legitimidad institucional, es la corrupción.



Consecuentemente, es el compromiso de luchar contra dicho flagelo y contra la impunidad derivada, lo que más puede contribuir a empoderar sociedades más democráticas y justas.



En su discurso de toma de posesión, el nuevo presidente no se refirió ni a las grandes ni a las mínimas líneas de su gobierno para encarar y combatir el flagelo de la corrupción, que ha sido por cierto el principal lastre que le ha tocado arrastrar a su partido, pero seguros estamos que Asfura va a promover las dinámicas y mecanismos que en principio activen la rendición de cuentas y la transparencia, y romper ese círculo de sospecha y desconfianza que ha echado raíces en el manejo de los bienes públicos.



El presidente Asfura no puede desaprovechar esta coyuntura histórica. Es su hora, es la hora del Partido Nacional de nuevo en el poder, para apostar, por ejemplo, a mecanismos de control del manejo de los dineros públicos, de activar la institucionalidad encargada de la persecución del delito público y de los que se roban el dinero del pueblo.



Promover una cultura política regida por la integridad y la ética en la función pública. No hay mejores estrategias que esas para promover una gobernabilidad sólida, justa, y sobre todo, confiable. Es responsabilidad política. La responsabilidad de la que careció Xiomara y su equipo de gobierno.



Esta debe ser la hora de activar la institucionalidad persecutora del delito de latrocinio público, que en la anterior administración fue cooptada por el Ejecutivo. Eso impedirá además que los actos irregulares cometidos por funcionarios de la administración que sale, que no serán pocos, no queden impunes. En esa dimensión se garantizaría además la consolidación democrática del poder.



De eso se trata la gobernabilidad efectiva, el rescate de la legitimidad de la clase política gobernante, un imperativo para tener una gobernanza confiable y al servicio de los intereses del país.



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Editorial HRN: Gobernabilidad, legitimidad y un nuevo gobierno