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Han transcurrido cuatro meses desde que fue inaugurado el gobierno de la presidente Xiomara Castro, pero tenemos la percepción de que en todo este tiempo ni siquiera se han delimitado los ejes de la transformación del país.



Vivimos en un clima de crisis financiera ligada con un estado de efervescencia social. Distintos sectores han intensificado su presencia en las calles.



No han cesado en sus demandas de plazas en propiedad ni en sus reclamos de los salarios pendientes, los médicos (tanto los graduados como los estudiantes que están en servicio social o en internado), las enfermeras y otros profesionales de la salud que han ocupado posiciones de riesgo en la atención de la pandemia.



También se han tornado más enérgicas y conflictivas las manifestaciones que llevan a efecto empleados de Secretarías de Estado y dependencias que se han lanzado a las calles de manera sistemática.



En dicho entorno convulso, hemos escuchado esta semana las denuncias de los dirigentes sindicales de la cartera ministerial de Infraestructura y Transporte, del INFOP, y del INA, quienes han denunciado ser objeto de hostigamiento, de una "masacre laboral", del no pago de sus remuneraciones y de la negación de los privilegios que están contemplados en los contratos colectivos.



Hemos hecho mención de estos episodios, porque son los más recientes y los que retratan cómo hemos alcanzado un grado&nbsp; preocupante de&nbsp; conflictividad social en el país.



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Conocemos que la abultada masa salarial del sector público, equivalente al 12 por ciento del Producto Interno Bruto es uno de los grandes renglones del gasto corriente que ha ido en ascenso en cada administración y que hoy día consume 90,000 millones de lempiras.



El reto es cómo encontrar el punto de solución entre el desfase fiscal, un aparato gubernamental muy rollizo, un índice de desempleo muy alto, un endeudamiento fuera de control y la amenaza latente de una recesión económica ligada con una inflación de dos cifras.



Como decíamos al inicio de nuestra reflexión de hoy, nos da la impresión de que al nuevo Gobierno se le ha salido de control el manejo de las demandas sociales que son muchas y que son muy difíciles de honrar, dadas las dificultades del financiamiento presupuestario y los limitados fondos para la inversión pública.



Es una situación muy complicada y espinosa en todos sus planos, cuanto más porque el país se encuentra en un estado de postración económica, en desequilibrio financiero y en una condición de desmejoramiento social.



Honduras precisa que sus autoridades se ocupen de trazar una dirección que indique hacia dónde va el país para encarar los reclamos sociales que están relacionados con el desempleo desbordado, la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida de la gran mayoría de los hondureños.