En el acompañamiento de la lucha contra la corrupción y la impunidad se considera que un primer obstáculo que enfrentará la CICIH es la Ley de la Amnistía Política.
Si este beneficio no es revisado ni es pasado por un filtro para su enmienda, el organismo de alto nivel de la ONU que será instalado en el país enfrentará las mismas trabas que impidieron a la Maccih consumar la misión que se le encomendó cuando fue enviada por la OEA para respaldar un proyecto de adecentamiento de la labor pública en Honduras.
Esta valoración es la que han hecho los diferentes sectores críticos del país, quienes cuestionan que se haya otorgado perdón a personajes políticos acusados por delitos penales.
En esta lista se han mencionado al ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, y al ex gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri.
El mismo ex fiscal general y ahora asesor presidencial en materia de transparencia y combate a la corrupción, Edmundo Orellana Mercado, ha cuestionado que la amnistía política sea aplicada sólo cuando previamente sean tomados los criterios de la Secretaría de Derechos Humanos y del Cofadeh, con lo cual se le ha restado el peso de la decisión del Poder Judicial.
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Aun y cuando se logre un consenso alrededor de la figura a la que se ha dado existencia para otorgar "perdón" a los "perseguidos políticos", hay otros impedimentos que pueden hacer fracasar el nuevo intento a favor de la rendición de cuentas.
En amplios círculos de quienes se dedican a observar los acontecimientos del país inmerso en una crisis en todos los niveles, se ha enfatizado en que debe ser garantizada la elección limpia y legítima de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto.
Fuentes del Congreso Nacional han confiado que al menos hay tres proyectos de ley encaminados a la selección sin imposiciones ni "jugadas políticas" a los funcionarios de más alto rango del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Los distintos actores del país han recalcado su esperanza en que la llegada de la CICIH se convierta en una realidad y que su presencia en Honduras se traduzca en una cruzada contra la corrupción sin las trabas que los mismos políticos pusieron en el camino de la Maccih en el reciente pasado para evadir la justicia.
Todo está sujeto a la voluntad política de las autoridades del país y al compromiso de vigilancia que adopten los organismos de la sociedad civil.
