No son buenas las noticias que se desprenden de la aprobación de un decreto que autoriza la colocación en el mercado exterior de un bono por 850 millones de dólares.
Este nuevo compromiso nos hunde en un enorme bache financiero, nos encadena a cuentas que son impagables y nos arrastra a un desbalance que nos puede situar en la bancarrota.
A juzgar por lo que se ha explicado nominalmente, la contratación de mayor deuda obedece a la finalidad de cubrir el déficit fiscal que se ha profundizado por la estrepitosa caída de los ingresos y el incremento en los gastos para atender la crisis sanitaria, económica y social.
Empero, entre diversos sectores de opinión pública se ha dado pie a la sospecha de que tales fondos serían utilizados para objetivos político-demagógicos. Ojalá y no sea la causa encubierta de un débito de semejante cuantía, pues resultaría ser una inconsecuencia y una irracionalidad en tiempos de gran tribulación.
Apenas en abril se dio el visto bueno para tomar compromisos hasta por 2 mil 500 millones de dólares por encima del techo de endeudamiento que había sido fijado en un decreto, mediante el cual se creó un fondo de emergencia para la atención de la pandemia.
En mayofue autorizado otro bono por 600 millones de dólares para saldar algunos pasivos de la ENEE. Ya en septiembre de 2019 Honduras había salido al mercado con otro instrumento por 700 millones de dólares.
La pregunta es: ¿por qué nuestro país se endeuda más y más? De este interrogante surge otra: ¿en qué se han empleado los recursos tomados como deuda externa?
A todas luces, es dinero que no ha sido bien orientado, que se ha despilfarrado, que no ha ido dirigido a los propósitos primarios de su contratación y que –para colmo- debemos pagarlo todos nosotros.
El endeudamiento público rondará los 16,000 millones de dólares el próximo año, según los cálculos de los versados en finanzas. Anualmente Honduras destina alrededor de 40 mil millones de lempiras para el pago del servicio de la deuda.
Es un círculo vicioso que trae lesivas consecuencias para el balance financiero del país y, por desgracia, para los gruesos segmentos que históricamente han estado excluidos y que ahora son más castigados por una deuda pública “grosera e insostenible”.
Se nos ha advertido, por parte de los entendidos en el escabroso tema de las finanzas, que en el futuro inmediato el Gobierno tendrá que tomar obligatoriamente nuevos empréstitos caros y, lo que es peor, evaluar la imposición de temidos ajustes fiscales.
Al final, las deudas asfixiantes asumidas por el país repercuten en la falta de fondos disponibles para atender las demandas de la población, por demás justas y legítimas, en tiempos de crisis sanitaria, económica y social.
Es un imperativo que el renglón del endeudamiento público sea analizado de manera concienzuda en todos sus alcances y perjuicios dentro de una política de disciplina fiscal, de reactivación económica y de bienestar social basado en la generación de riqueza.
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