Históricamente Honduras ha aparecido en los informes de percepción de corrupción como uno de los países donde medra la deshonestidad, la inmoralidad y la impunidad.
Hartas interpretaciones se han derivado del más reciente informe de Transparencia Internacional, cuyo hallazgo mayúsculo es que Honduras recibe la puntuación más baja en cuanto a los esfuerzos para perseguir y castigar a los individuos que crecen en la maleza de la corrupción.
Siempre será una vergüenza que estemos tildados con el "marbete" de ciudadanos de un país, donde las redes de la podredumbre se extienden en todos los niveles.
Lo que es una "perversión" y un "acto imperdonable" es que los "indecorosos" no se hayan detenido en los días de emergencias y crisis y que se hayan dedicado a entablar sucias alianzas para apropiarse de los recursos públicos.
Han pasado por alto la necesidad de nuestros semejantes que han resultado infectados por covid y que se encuentran con que los hospitales están saturados y que las estructuras móviles compradas de manera amañada por INVEST-Honduras, no están en operación totalmente.
En la contratación de estos módulos, funcionarios entraron en sociedad con intermediarios mafiosos, un negocio en el que estuvieron de por medio 1,200 millones de lempiras y por el cual no se ha rendido cuentas, mientras los culpables se burlan de la justicia.
Las contrataciones que llevaron a efecto Inversiones Estratégicas y COPECO, a la sombra de la emergencia epidemiológica, son los actos de corrupción más deleznables de los tiempos recientes.
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No les ha importado a los corruptos el dolor de los familiares de los contagiados por covid que han perecido, ni las acciones heroicas que realizan los profesionales de la salud, a quienes no se les ha dado el equipo de protección en su tiempo oportuno, se les ha impuesto jornadas extensas de trabajo y entregado su salario con retraso.
En términos generales, les tiene sin cuidado a estos inescrupulosos que en el país no haya dinero para construir un sistema sanitario, educativo y económico robusto que permita satisfacer las necesidades esenciales y reivindicar los derechos irrenunciables de su gente.
No hay excusas, ni pretextos ni explicaciones acomodadas que puedan ser tomadas como válidas en el intento de asimilar tremenda infamia cometida antes y ahora, en tiempos de desgracia, calamidad y muerte.
Las cantidades sustanciales que se han drenado nos retrata de qué calaña son las redes de la corrupción insertadas en nuestro país, la descomposición a que han llegado los sujetos que se mueven en ese "cieno", agazapados para hacer pactos, para robar y para gozar de la impunidad que reina en nuestro país.
La erosión del Estado de Derecho, el agotamiento de la democracia y el secuestro de las instituciones públicas, son el fruto de la obra destructiva de los deshonestos, aun en la condición grave en la que nos debatimos los hondureños.
Todo esto es el producto de la unión entre funcionarios públicos y ciertos empresarios que también han contado con la confabulación de las autoridades superiores, la inútil aplicación de las leyes y el indigno acomodamiento de los operadores de justicia.
La lucha frontal contra este flagelo debe librarse desde el pueblo y desde el Estado, más todavía cuando los actos de podredumbre han florecido en tiempos de emergencia.
Porque No podemos seguir tolerando que los corruptos se roben al menos 65,000 millones de lempiras anuales que deberían ir dirigidos a construir un país próspero donde se garantice el bienestar común, la equidad y la justicia.
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