Además del estado de excepción que el país ha atravesado a raíz de la pandemia, al pueblo hondureño y a los más de 4 mil 500 fallecidos por la covid 19, les ha tocado pagar también el precio más alto por la caterva de inconsistencias e improvisaciones que no se previeron.
El estado no ha sido, a la luz de todas las evidencias, diligente y coherente ante los escenarios que no se consideraron ni proyectaron, que no se previeron pues, más allá de la fragilidad de nuestro sistema de salud pública.
Las inconsistencias y la improvisación que han trazado la hoja de ruta en la gestión de la pandemia no le ha podido garantizar -un año después de que se diagnosticara el primer caso en Honduras- el acceso universal e inmediato a los pacientes y sospechosos al sistema de atención especializada, porque ni siquiera los centros de detección temprana, los mejor conocidos como triajes, han estado operando ininterrumpidamente como tendría que ser, a pesar de la urgencia que el abordaje temprano de la enfermedad demanda, para que no colapse el sistema sanitario público, para que su condición no se agrave a la espera de que hayan camas disponibles en las salas covid habilitadas.
Ha sido una verdadera tragedia la que el pueblo hondureño le ha tocado enfrentar sobre la gran tragedia que ha supuesto la improvisación y la inconsistencia gubernamental!. ¿Cuántos centros de triaje no han tenido que cerrar en el interior del país porque la Secretaría de Finanzas no ha podido acertarle al mecanismo burocrático para drenarle los recursos a los municipios para que le paguen al personal de salud contratado que atiende a la población enferma? ¿Cuánto espacio no estuviese disponible en las salas covid de los hospitales públicos si en los centros de triaje que fueron cerrados por atrasos en la asignación de fondos no se hubiese contenido la remisión de pacientes o sospechosos de estar contagiados?
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La respuesta estatal se terminó convirtiendo en otra pandemia, de vacilaciones y equivocaciones, de graves errores y devastadoras consecuencias, sobre las que cala la muerte de ya más de cuatro mil 500 hondureños fallecidos por coronavirus.
El personal médico, que vale decir no ha sido ni siquiera en el cincuenta por ciento vacunado, tiene que recurrir a la protesta para que les paguen y en el menor de los casos sigue enfrentado a los riesgos iniciales que ha supuesto la dificultad de acceder a los mínimos materiales de bioseguridad para evitar el contagio.
La pandemia ha puesto de manifiesto las deficiencias del ya frágil sistema sanitario público, pero ha evidenciado más la deficiente gestión de la crisis sanitaria y los problemas burocráticos endémicos que no le han permitido al atacado pueblo hondureño el acceso a una atención sanitaria adecuada, justa, y de calidad.
Para contener los contagios y prevenir el colapso del sistema sanitario y las salas covid no solo es urgente la responsabilidad de la población, sino que por encima el gobierno se vuelva más responsable y coherente, como lamentablemente no lo ha sido. Pudieran ser justificables y hasta comprensibles los errores y vacilaciones, en tiempos de emergencia y excepción, pero no que la administración del país actúe con deshonestidad y mentiras, con un pueblo que se muere!
