Lo que ha dejado en evidencia el revelador informe del Consejo Nacional Anticorrupción sobre el manejo oscuro y grosero de los fondos del Tasón de Seguridad, es que el abuso administrativo, la falta de transparencia y el respeto a la vida humana, tocaron fondo a nivel de la institucionalidad pública hondureña.
El dinero que fue recaudado, para comprar patrullas, preparar e incorporar a más agentes policiales, garantizar la vida y la seguridad de las personas y sus bienes, terminó siendo utilizado para asistir a conciertos de bachateros y reguetoneros caribeños, encargar arreglos florales, comprar esmaltes de uñas, y hasta para la celebración de cumpleaños con toda y la compra de las piñatas, confites, y seguramente, el pastel de la ocasión.
Toda una fiesta de derroche y latrocinio de fondos, que debían ser utilizados para evitar que cada día una mujer sea asesinada en Honduras o que cada tres horas un ciudadano sea víctima de los extorsionadores.
La Tasa de Seguridad es un claro, o más bien, oscuro ejemplo de lo que es la dilapidación indiscriminada de los recursos del pueblo. Ha sido, lo que popularmente solemos llamar, una piñata que una vez reventada, hizo caer sobre los que la extirparon, millones y millones de emolumentos y beneficios.
El ya antes desacreditado y polémico programa a través del cual el estado y las agencias del orden debían combatir la delincuencia común y organizada, se convirtió desde su creación en 2011, en un monumento blindado de secretismo, ocultamiento de información y manipulación impune de datos y cifras.
¿Quién supo acaso cómo se compraban y a quienes se le compraban los pertrechos y uniformes de los operativos asignados a las distintas agencias de seguridad pública?
¿Acaso alguien fuera del ámbito gubernamental se enteró de las relaciones y operaciones del tal Tasón con el sistema financiero privado, y cómo fue que más bien terminó endeudándose cuando en los últimos siete años había recaudado más de 17 mil millones de lempiras?
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Una deuda por la que a propósito se le había extendido su vida operativa hasta el año 2025. Han tenido que ser entes de sociedad civil los que han podido sacar a luz el nauseabundo manejo de los fondos manejados por el tasón.
El ocultamiento de información, blindada por la misma institucionalidad al amparo de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, no le ha permitió nunca al pueblo hondureño saber qué hacían con los más de dos mil millones de lempiras que anualmente recaudaban, y porque ese multimillonario recurso nunca les ajustaba para los cometidos que justificaron su creación.
Y volvemos a preguntar: ¿Por qué una institución que en los últimos siete años recaudó 17 mil 942 millones de lempiras terminó hasta la coronilla de deudas con la banca privada?
En principio se argumentó que ese endeudamiento se justificaba en el hecho de que con la pandemia mermaron las transacciones de personas naturales y jurídicas en el mismo sistema financiero, cerraron empresas en el sector de las comidas y casinos, el rubro de la minería dejó de exportar y el sector cooperativo haya ido a la baja por culpa del confinamiento o la pérdida de empleos.
Pero el informe del CNA ha revelado que a los que administraron el Tasón no les faltó el dinero para comprar entradas a conciertos en el extranjero de cantantes de bachata, para comprar olorosos y frondosos arreglos florales y hasta para embellecerse las uñas de las manos y los pies.
¿Por eso es que se ampararon siempre en la Ley de Secretos Oficiales para esconder esas y otras canalladas administrativas?. Siempre dijimos que ese escudo calculadamente legal, les servía para ocultar y justificar lo que gastaban. Las autoridades de la Tasa de Seguridad, que por cierto ya llegó el momento de desenmascarar, usaron la discrecionalidad legal para manejar y derrochar los más de 20 mil millones de lempiras que se recaudaron, y que debían ser para la seguridad ciudadana.
La tragedia hondureña. El perenne estado de putrefacción manchado por la corrupción en el que hemos convivido, y la piñata de manejos pandos y fraudulentos de la cosa pública.
Este es el momento para que la institucionalidad hondureña se reivindique. Y cómo aquí todos sabemos que el “chip” de la corrupción y el secretismo no se le va a arrancar por arte de magia al funcionario, en manos de los entes contralores y de justicia queda la restauración del estado de derecho y la institución de la transparencia y la honradez en el manejo de la cosa pública.
