La inseguridad alimentaria ha sido, en la última década y media, quizás, uno de los problemas más acuciantes que sobre la mesa de ese 60.1 por ciento de hogares hondureños bajo el umbral de la pobreza, ha vulnerado uno de los derechos más elementales de la persona humana.
Ha tenido un impacto negativo sobre otros indicadores y derechos no menos sensibles y deteriorados, lastrando el bienestar general, minando la productividad laboral, la salud y la educación universal, y el crecimiento económico del país.
Para la Cepal se ha constituido en la denegación de derechos fundamentales para las personas por parte del Estado de Honduras. Es el momento histórico, entonces, de ver esto como uno de los problemas más serios y persistentes que tenemos, pero al mismo tiempo, asumirlo ya, como uno de los desafíos más importantes.
Un reciente estudio del Observatorio Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma reveló que 4 de cada 10 hogares han pasado de consumir tres comidas diarias a solo dos. Eso es grave.
La inseguridad alimentaria, y también hay que decirlo, el alto costo de la canasta básica de alimentos golpea con fuerza a miles de familias hondureñas. Se trata de entre un 40 y 45 por ciento de hogares hondureños que pasaron de comer tres 'tiempos' a solamente dos por la falta de insumos alimenticios.
Y con un 60 por ciento de hogares viviendo en la pobreza, y con el costo elevado de la canasta básica de alimentos que, según las organizaciones de consumidores, ya superó el valor del salario mínimo, el Gobierno del presidente Asfura tiene un desafío monumental por delante.
Se trata, y ya de una vez, de 'agarrar el toro por los cuernos' y comenzar a trazar políticas públicas y reactivar programas existentes que posibiliten la inversión en el sector agropecuario y alimentario.
La misma Cepal ha estimado que el Estado de Honduras necesita invertir, al menos, el 4 por ciento del Producto Interno Bruto en el sector agrícola para garantizar la seguridad alimentaria y, además, impactar en la reducción de la pobreza rural.
Nada fácil en un país en dónde la inseguridad alimentaria afecta a 2 millones 200 mil hondureños, y en tiempos en los que Honduras pierde el 5 por ciento de su PIB por la vulnerabilidad provocada por el cambio climático.
Pero la situación extrema de vulnerabilidad y crisis humanitaria en la que ya entraron miles de familias hondureñas, no permite esperar más. Deriva en consecuencias de salud pública que tienen un impacto significativo en la población vulnerable y expuesta, como la niñez y las personas viviendo en condiciones de pobreza extrema.
Otro estudio del Observatorio Nutricional del Alma Mater alerta que la desnutrición no solo afecta el desarrollo cognitivo y el crecimiento físico, sino que, además, puede generar problemas de salud a largo plazo, y dificultades en el aprendizaje y rendimiento escolar.
Se trata, entonces, del desarrollo y bienestar de las familias viviendo en pobreza y pobreza extrema, de esos 2 millones 200 mil compatriotas en riesgo por la falta de comida, de ese 23 por ciento de menores de dos años padeciendo desnutrición crónica en Honduras.
Frente a esta urgencia nacional que tenemos, debe existir una necesidad de abordar este grave problema que tenemos en Honduras.
Es urgente identificar los segmentos poblacionales más vulnerables para a partir de sus necesidades básicas y fundamentales, trabajar en las estrategias, amplias y estructurales, para garantizar el acceso a alimentos, a la atención universal en salud y educación, y a mejores condiciones de vida para las familias más vulnerables y abandonadas de Honduras.
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