De los más de 5,500 precandidatos que se postularon para las primarias, en el más reciente ciclo electoral hondureño, más del 35 por ciento no presentó informe alguno sobre sus gastos de campaña.
Y más de mil 100 candidatos que corrieron por un cargo de elección popular, en las generales, entre ellos un par de aspirantes presidenciales, también se 'hicieron los locos' con los informes de los dineros que financiaron sus millonarias campañas.
El Congreso anterior, que manejó el cuestionado y ahora desaparecido Luis Redondo, repartió entre los diputados oficialistas y afines, millones y millones de lempiras en subvenciones, bonos y ayudas, sin dejar rastro alguno de liquidaciones a pesar de los montos prácticamente dilapidados.
La nefasta 'costumbre' de resistirse a los controles y contrapesos, a la supervisión y a la restricción del poder.
Lo que ha pasado y que ojalá no siga pasando, es que nuestra clase política y nuestros gobernantes no han querido abrirse a la inspección pública, le siguen 'jugando la vuelta' al pueblo hondureño al evadir los controles y los contrapesos, la supervisión, incurriendo entonces en faltas e ilegalidades que, lamentablemente, la institucionalidad ha tolerado y permitido.
En Honduras, muy a nuestro pesar, la rendición de cuentas ha carecido de una relevancia democrática y ética.
No ha sido, para nada, un ejercicio democrático y vivo de responsabilidad pública. No ha representado lo que para otras sociedades es un pilar indiscutible de la legitimidad y conductas transparentes de la clase gobernante. Y en esto hemos sido también nosotros corresponsables.
Es que dejamos de exigirle a la clase política gobernante y a la misma institucionalidad que nos rindieran cuentas, aún y cuando el entramado legal se obliga a fiscalizar e investigar los patrimonios mal habidos o sospechosos de irregularidades.
Los servidores públicos, los que manejan fondos del Estado o provenientes de éste, están en la obligación de informar sobre los planes operativos, los presupuestos asignados, las contrataciones de obras y servicios. Pero eso en Honduras no ha sido moneda de curso corriente.
La institucionalidad nunca se abrió a la rendición de cuentas como un espacio de interlocución entre servidores públicos y ciudadanía. Cuanta falta nos ha hecho una institucionalidad abierta a la probidad y la rendición de cuentas.
Entre el 2019 y el 2025, el Tribunal Superior de Cuentas apenas remitió al Ministerio Público cinco expedientes de supuesto enriquecimiento ilícito, según un informe presentado por la ONG, ASJ.
Eso solo evidencia que nuestro sistema fiscalizador e investigador del comportamiento de los funcionarios públicos ha colapsado. Renunció a la fiscalización y la rendición de cuentas.
Aquí tan pronto se le prueba a un funcionario haber incurrido en un acto ilícito, tan solo se le separa de su cargo, y cuando menos, es sometido por uno o dos días, a la vindicta de la sanción moral y pública, cuando lo que requiere la gravedad del ilícito cometido, es la aplicación de sanciones legales y ejemplarizantes.
Lamentablemente no se dio cuenta la clase política ni la misma institucionalidad, de la utilidad de la transparencia y la rendición de cuentas como cartas de credibilidad, respaldo público y legitimidad.
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